No debemos poner en riesgo a las generaciones futuras por un manejo irresponsable de los recursos presentes: Gaspar Quintal

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA,

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS,

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

RESPETABLE PÚBLICO

MUY BUENOS DÍAS.

He pedido el uso de la voz en esta tribuna para manifestar los argumentos de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional que sustentan nuestro voto en contra del dictamen puesto a discusión, acerca de la solicitud de autorización para la contratación de uno o más financiamientos, hasta por la cantidad  de mil 735 millones de pesos, con el objeto de realizar el proyecto denominado IETRAM y obras complementarias, así como para afectar ingresos y derechos como fuente de pago de la operación de financiamiento, enviada por el Poder Ejecutivo a esta soberanía.

Desde que se tuvo conocimiento de tal solicitud, ofrecimos un voto razonado, sustentado en un análisis serio de la misma basado, principalmente, en tres elementos: la evaluación social del Proyecto; la capacidad actual de endeudamiento del Poder Ejecutivo y; la prioridad del gasto planteado en relación a las necesidades en materia de infraestructura en el municipio de Mérida y los municipios del interior del estado.

En este contexto, de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa presentada, la implementación del proyecto denominado IETRAM y obras complementarias, tendrá una inversión total de 2,933 millones de pesos, de los cuales, la aportación federal ascenderá a 663 millones de pesos, la inversión privada aproximada será de 535 millones de pesos, y la diferencia, por 1,735 millones de pesos será aportación estatal.

Si bien, de igual cuenta, en la exposición de motivos de la iniciativa estudiada, se hacen referencia a las características del citado Proyecto, éstas son apenas descriptivas y generales mas no específicas, en relación con las obras y acciones que integrarán el Plan Maestro del mismo; en este punto, es menester recordar que los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción III, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y, 11, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, establecen como requisito para la autorización de los financiamientos y obligaciones, especificar el destino de los recursos.

Aun cuando, como se mencionó, se señalan algunas características que integrarán el Proyecto, no se consigna el detalle de las obras y acciones requeridas para la realización del “IETRAM y obras complementarias”, consecuentemente, se genera el riesgo de iniciar un trámite de endeudamiento sin tener la certeza de que los recursos solicitados serán los suficientes o los necesarios para concluirlo de manera eficiente.

Llevar a cabo una o varias obras, sin tener el Proyecto Ejecutivo, en muchas ocasiones genera la necesidad de aumentar, durante la ejecución de los trabajos, elementos económicos y de tiempo. Todo convenio modificatorio de monto y/o plazo se desprende de una mala planeación.

De igual modo, se hace referencia, ahí mismo, del impacto que se tendrá en las zonas por las que se pretende diseñar la ruta del proyecto “IETRAM y obras complementarias”, tales como el centro histórico de Mérida, no obstante, en términos de derrama económica, no se identifica que se haya realizado el estudio correspondiente.

Igualmente, esto se deriva por la falta de un proyecto debidamente elaborado y analizado. Adicionalmente, en ninguna de las partes del proyecto se hace referencia a las o la dependencia encargada de la ejecución de los trabajos, ni se menciona mediante qué instrumentos se administrarán los recursos de las tres fuentes de financiamiento (federal, estatal y privada).

En términos generales, si bien el destino cumple con la característica de ser inversión pública productiva, la contratación de un financiamiento, sin un proyecto integral concluido, aumenta la posibilidad de generar necesidades durante los trabajos de ejecución que no se podrían cumplir con la calidad necesaria o, en su caso, se tendrían que solicitar recursos adicionales, lo que comprometería los presupuestos del ejercicio fiscal que corresponda y subsecuentes.

En suma, no se puede medir lo que no se conoce y si no se puede medir, no se puede evaluar la eficiencia, la eficacia y los impactos que tendría dicho proyecto.

Consideramos, que antes de contratar una deuda, es necesario definir un proyecto con la metodología adecuada que permita evaluar la pertinencia de las acciones y su costo sobre los beneficios, si la intervención pública es o no efectiva; si se ha tomado la alternativa más adecuada; y si existen elementos para prever que se alcanzarán los objetivos planteados.

Es necesaria una metodolgía que garantice prevenir costos y minimizarlos, ejercer un control sobre las acciones, y por ende, rendir cuentas.

Por otra parte, en cuando a la capacidad de endeudamieto del gobierno del estado, tenemos que el saldo de la deuda pública a largo plazo, con corte a diciembre de 2018, se integró por cinco contratos celebrados con distintas instituciones financieras que en acumulado ascendieron a un importe de 3,928,372,760.00 pesos (tres mil novecientos veintiocho millones trescientos setenta y dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Según datos contenidos en la cuenta pública, el saldo a cargo del Gobierno del estado de Yucatán con corte a diciembre de 2021, ascendió a un importe de 6,244,435,094.85 pesos (seis mil doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil noventa y cuatro pesos 85/100 M.N.)

Se puede observar que, si comparamos el saldo de la deuda pública a largo plazo con corte al 31 de diciembre de 2021 contra el registrado al mismo corte de 2018, tenemos un incremento en términos nominales de 2,316,062,333.00 pesos (dos mil trescientos dieciséis millones sesenta y dos mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), lo que representa el 59.0% de aumento de la deuda pública estatal.

Aunado al incremento antes mencionado, se debe tener en cuenta también, que tan solo para el año 2021, los accesorios o cargas financieras derivados de las multicitadas obligaciones ascendieron a 380.8 millones de pesos, mientras que para la amortización del capital de la deuda únicamente se destinaron recursos por 56.8 millones de pesos.

La contratación de una nueva línea de crédito acrecentaría el monto de estas cargas financieras.

Por otro lado, adicional a lo registrado por concepto de deuda pública a largo plazo, en la cuenta pública de 2021, se reporta un saldo por concepto de obligaciones a corto plazo que asciende a 1,350,000,000.00 pesos (un mil trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)

También es importante mencionar que, en relación con las ampliaciones presupuestales en 2020 autorizadas por la legislatura anterior por 1,500,000,000.00 pesos (un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), para hacer frente a la pandemia derivada del COVID-19 (“Plan de Contingencia, protección al empleo y reactivación económica en el estado”), parte de los compromisos del ejecutivo fue la de presentar a este H. Congreso un informe del avance en la aplicación de los recursos, así como, la recuperación durante los ejercicios fiscales subsecuentes a las partidas que se vieron disminuidas para dar suficiencia presupuestal a las acciones que permitieron combatir los efectos negativos de la pandemia (balance presupuestario), de lo anterior, no se tiene evidencia de tales reportes, ni se presenta en su cuenta pública alguna nota que haga referencia al punto mencionado.

Es necesario tener en cuenta que con la autorización del empréstito solicitado la deuda pública a largo plazo ascenderíá a 7,979,435,094.85 pesos (siete mil novecientos setenta y nueve millones, cuatrocientos treinta y cinco mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) lo que significa duplicar la deuda pública con relación al 31 de diciembre de 2018, sin tomar en cuenta la obligación de corto plazo citada, la cual sumada ascendería a la cantidad de 9,329,435,094.84 (nueve mil trecientos veintinueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

Reconocemos que la deuda pública es un instrumento para gobernar, pero únicamente es viable cuando se encuentra bien focalizado como una fuente de recursos para el desarrollo, para que esto ocurra, es necesario que sea manejada de manera responsable; exista claridad, certeza, y viabilidad en proyectos sustentados en diagnósticos que permitan ubicar zonas de atención prioritaria, necesidades urgentes, asi como población objetivo.

Le apostamos a un desarrrollo sostenible, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades futuras. No debemos poner en riesgo a las generaciones futuras por un manejo irresponsable de los recursos presentes.

En otro orden de ideas, la visión del desarrollo regional como resultado del impulso económico de los sectores debe considerarse agotada porque generó una centralización, una distorsión territorial de los procesos económicos, un gran rezago regional y un grave desequilibrio social que limita hoy la aplicación de políticas de desarrollo más armónicas y de acuerdo con la potencialidad de las distintas localidades en nuestra entidad.

En Yucatán, los desequilibrios del desarrollo presentan una marcada expresión territorial entre municipios “ganadores” y “perdedores” debido a las ventajas acumuladas a lo largo del tiempo.

Hoy en dia las estrategias sectoriales convencionales, como dinamizadoras del desarrollo regional, son insuficientes para generar empleo y retener a la población, conformando grandes «desiertos territoriales» sin inversión.

La política de desarrollo regional ya no puede ser concebida como un factor aislado que corresponda sólo a decisiones arbitrarias de gobierno.

Si bien es cierto el proyecto IETRAM y obras complementarias, apuntan a mejorar la movilidad urbana sustentable; y pretende beneficiar a 136 mil personas y a 20 mil trabajadores; esto se circunscribe a la ciudad de Mérida y área metropolitana, sin tomar en cuenta a más de cien municipios del interior del estado, los cuales presentan graves rezagos en materia de infrastructura social básica.

Continuar con políticas sin perspectiva de desarrollo regional equilibrado, seguirá ahondando la brecha de desigualdad que prevalece hasta ahora entre la capital de estado y los municipios del interior.

Hemos señalado anteriormente que con el monto a ejercer en un solo proyecto en el ciudad capital, se pueden llevar al cabo 90 proyectos de 20 millones de pesos en igual número de muncipios, en un reparto mas equitativo de recursos.

Recientemente aprobamos por unanimidad el reconocimiento del derecho humano a la ciudad para todos los yucatecos y no solo para quienes habiten o transiten en Mérida.

Reconocimos su función social, gestión democrática y asegurar la justicia territorial, la inclusión social, la movilidad y la distribución equitativa de bienes públicos y la prestación de servicios públicos considerando la participación de la ciudadanía, a todos y cada uno de yucatecos y yucatecas.

El objetivo de este derecho, es impulsar el desarrollo de la entidad, disminuyendo la brecha entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, eliminar las ciudades o poblaciones de primera y poblaciones de segunda.

Concentrar la inversión nos lleva a acrecentar esa brecha, la cual resulta evidente con un sistema de transporte público que se pretende para Mérida, a decir de la iniciativa, de “primer mundo”, y en la mayoría de los municipios, el trictaxi como el principal sistema de movilidad.

En conclusión, en el proyecto denominado IETRAM y obras complementarias contenido en la iniciativa, no se analiza su rentabilidad económica y social, de igual modo no se plantean mecanismos que aseguren el uso eficiente, seguro y rentable del empréstito.

A su vez, se cuestiona si es prudente adquirir aún más deuda pública, si el Estado al contratar la relacionada con “Yucatán seguro”, tuvo que endeudarse a corto plazo, “En concepto de insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.

Finalmente, en el multicopiado proyecto  el derecho a la ciudad no fue ejercido, ni fue tomado en cuenta como eje rector en una política relacionada con la movilidad, dejando a un lado los principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sustentabilidad, sostenibilidad, respeto a la naturaleza y al ambiente, pues no se observa que existan mecanismos de garantía para su observancia.

Por lo antes expuesto es que el voto de la fracción legislativa del PRI es en contra del dictamen presentado.

 

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