Modificar la denominación de la patria potestad por el de responsabilidad parental esto con la finalidad de brindar a las personas menores un ambiente libre de violencia

Discurso de la Diputada Alejandra Novelo Segura

Hoy presentó a nombre de la fracción de Morena, ante esta soberanía la modificación de una figura jurídica fundamental, la patria potestad. Elemento que aún hoy, hace parecer que la figura del hombre es central en las relaciones familiares y es él quien tiene la capacidad de decidir sobre los demás miembros. La realidad dista mucho de esa visión.

La familia es el primer grupo al que pertenecemos, en donde se establecen alianzas de ayuda mutua para la supervivencia, el aprendizaje y la comunicación inicial.

Sin embargo, la familia tuvo un devenir en propiedad que se consagró con el derecho romano que se mantuvo en el derecho civil moderno en el que se establecía el poder exclusivo del hombre sobre la esposa y los hijos, siendo el dueño legal del hogar y de todos sus miembros.

Esta definición tuvo como consecuencia que se relegase el papel de la mujer en la sociedad, dejándola en los espacios privados, en los papeles de madre y cuidadora.

Se le prohibía trabajar, o para ello, requería el permiso del esposo, no podía tener cuentas de bancarías, mucho menos votar o ser parte de la toma de decisiones públicas y colectivas. Por fortuna, las diversas olas feministas han modificado esto.

Lo que poco se ha transformado es la forma en que se entiende a los hijos en el núcleo familiar y la sociedad, se les sigue concibiendo como propiedad de los padres.

La imagen colectiva de las hijas e hijos es de propiedad, de estar obligados a la voluntad de los padres, no es aún común entenderlos como personas sujetas de derechos con los que los padres y el Estado tienen obligaciones y responsabilidades de educación, cuidado, entre otras.

Ver a las hijas e hijos como propiedad tiene como consecuencia, en ocasiones, que se inculcan valores discriminatorios, se evaden políticas sanitarias o de cuidados, porque se piensan que no se debe cumplir con ellas, porque los menores son vistos como un bien.

El caso extremo, es en dónde se vende de manera ilegal a las niñas, niños o adolescentes, que terminan siendo explotados en trabajos o incluso para fines sexuales.

En un estudio reciente realizado por Hispanics in Philanthropy y avalado por el Senado de la República, detalla que en Yucatán hay nueve municipios donde se enganchan personas para la venta de menores de edad: Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Peto, Motul, Izamal, Kanasín, Umán y Conkal.

Los cambios en la visión de las personas menores en México han acontecido después de la incorporación de los derechos humanos al paradigma constitucional en 2011. A nivel federal se han creado diversas instituciones que tienen como fin garantizar la responsabilidad del Estado en la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Pero no se ha modificado de manera general el concepto de patria potestad.

El concepto de responsabilidad parental ya se ha incorporado en países de América latina como Colombia, Argentina, Chile y Brasil y en la Unión Europea.

En México, la Suprema Corte de la Nación es quién ha ido modificando y regulando la patria potestad a través de las resoluciones y jurisprudencias después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, mediante el precepto del interés superior de la niñez, que se ha convertido mediante estas en un criterio jurídico. Las reformas parlamentarias recientes han seguido esta doctrina.

Es por ello que en esta reforma les propongo modificar la denominación de la patria potestad por el de responsabilidad parental.

Este cambio busca desarraigar de la gente la idea que las hijas e hijos son una propiedad sobre la que los progenitores ejercen su voluntad, más aún, que el hombre es quien tiene ese poder omnipotente, puesto que ya no encuadra ni con las nuevas relaciones familiares, ni con el paradigma de derechos humanos.

Además, la reforma plantea modificar tanto el Código de Familia como el Código Penal locales para que se suspenda la responsabilidad parental cuando el progenitor sea vinculado a proceso por feminicidio o su tentativa, y se pierda esta cuando sea declarado culpable. Esto con la finalidad de brindar a las personas menores un ambiente libre de violencia, así como evitar la revictimización.

Espero que antes de que concluya este periodo podamos votar esta reforma y contar con su apoyo.

 

Gracias.