Discurso del Diputado Luis Borjas Romero: Yucatán merece saber en qué y en quién se gastan los recursos destinados a los Programas Sociales y que resultados se obtiene con ese gasto.
Evaluar un programa social, es hacer referencia a una etapa fundamental del proceso de gobierno, proporciona insumos útiles para tomar decisiones presupuestales para juzgar la eficacia y la permanencia o la necesidad de cambio o remoción de un programa gubernamental o de una política pública.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúa a los programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal.
Y posteriormente, emite el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” (2018[1]) que analiza el desempeño de la política de desarrollo social en México, con el propósito de que la administración en turno cuente con evidencia e información para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno.
Y en Yucatán, ¿quién evalúa las acciones y decisiones tomadas por el ejecutivo en materia de desarrollo social? ¿Quién le informa al Gobernador si el resultado de las acciones emprendidas está cumpliendo su objetivo? Pero más importante aún, quién le informa de manera objetiva a los ciudadanos el resultado del gasto social realizado.
La respuesta es sencilla, los mismos que la implementan se autoevalúan, y por eso, aparentemente todas las estrategias funcionan, todos los programas tienen buenos resultados en el combate a la pobreza en nuestro estado.
Si bien es cierto, que de acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación 2020 para Yucatán publicado por el Coneval[2], de 2008 al 2018 la pobreza en Yucatán disminuyó 6.2 puntos porcentuales al pasar de 47.0% a 40.8%.
Y, la pobreza extrema en el estado se redujo en 2.2% al pasar de 8.9 a 6.7%, esto, significa que cerca de 65,000 personas salieron de esta situación en un plazo de diez años y que hubo alrededor de 23,800 personas menos en pobreza extrema.
Que, en contraste con la pobreza a nivel nacional, que solo se redujo 2.4% en este mismo período, al pasar de 44.4% a 41.9%. Nos indica que en Yucatán vamos por buen camino.
Sin embargo, de acuerdo a ese mismo informe del 2020, el 40.8% de la población de la entidad aún vive en situación de pobreza, es decir, 900,500 personas, de las cuales aproximadamente, 34.1% (753,400 personas) en pobreza moderada y 6.7% (147,100 personas) en situación de pobreza extrema.
Es decir, que, aunque el porcentaje de pobreza en Yucatán (40.8%) ya es 1.1 menor al porcentaje nacional (41.9%), a este ritmo, aún nos tomaría 10 u 11 administraciones más acabar con la pobreza existente en ese momento.
Pero dadas las crudas condiciones mundiales, nacionales y locales que hoy atravesamos como consecuencia de la Pandemia provocada por el Sars Covid19 y los múltiples impactos de los fenómenos meteorológicos en el estado, se nos exige ser mejores, se nos exige que verifiquemos que cada peso gastado por el gobierno en desarrollo social marque la diferencia.
Y la diferencia está, en saber cómo gastar, que los recursos sean etiquetados para quién más lo necesita y estos sean entregados en el momento en que se necesitan.
Pero, esto, solo lo sabremos si contamos con un organismo autónomo que realice evaluaciones, con expertos en el área como responsables de informar de manera objetiva que tan eficiente y eficaz es el gobierno en turno.
Al respecto, en enero de 2019, el Gobierno del Estado firmó un convenio[3] con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el objeto de contribuir a la creación y uso de elementos de Monitoreo y Evaluación de la Política Social y sus Programas del Estado de Yucatán, sin embargo, en su cláusula sexta establecieron que la información proporcionada para el cumplimiento de ese convenio sea considerada como confidencial.
Esto no es aceptable, Yucatán merece saber en qué y en quién se gastan los recursos destinados a los Programas Sociales y que resultados se obtiene con ese gasto.
Por ello, la presente iniciativa propone la creación de una Comisión Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá a su cargo la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social del Estado.
También deberá emitir las recomendaciones que resulten necesarias y será la entidad responsable de integrar un censo de la población en rezago y de administrar un padrón único de beneficiarios de los programas sociales de la entidad, los cuales serán de carácter público y sujeto a una evaluación externa anual para evitar duplicidad o preferencias partidistas.
Este, debe ser uno de nuestros compromisos como la Legislatura que está marcando la diferencia entre lo que no se hacía antes y lo que hoy se convierte en una realidad en materia de desarrollo social, que las ideas transformadas en iniciativas den resultados tangibles en beneficio de todos los yucatecos sin distinción alguna.
En virtud de todo lo anterior, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo VIII del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que crea la Comisión Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 75 SEXTIES.- El Estado contará con una Comisión Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá a su cargo la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social del Estado, así como emitir recomendaciones en los términos que disponga la Ley de Desarrollo Social del Estado, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
La Comisión Estatal de Evaluación contará con un Titular, cuya denominación se determinará en el Decreto respectivo, el que será designado y removido por el Congreso del Estado, mediante una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, y tendrá una duración de 4 años, al término de los cuales podrá ser ratificado para un segundo período de la misma duración. No podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrá asumir un cargo público en las dependencias y entidades estatales ni en los órganos constitucionales autónomos.
La Comisión Estatal de Evaluación será la responsable de realizar un censo de la población en situación de pobreza y de integrar y administrar un padrón único de beneficiarios de los programas sociales que se ejecuten en la entidad, mismo que será de carácter público y sujeto a una evaluación externa anual para evitar duplicidad y/o preferencia alguna.
