Los mexicanos no quieren más un sistema de gobierno de privilegiados ni más abusos de políticos que teniendo fuero viven en la impunidad, advirtió la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, al solicitar que no se congele una iniciativa legislativa que busca la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político y que se atienda cuánto antes.
Los mexicanos exigen un nuevo modelo de representante popular, un nuevo modelo político que esté encaminado a una verdadera igualdad entre unos y otros, en donde ningún mexicano tenga privilegios por encima de los demás, añadió la legisladora federal, quien recién rindió su informe legislativo hace unos días.
Rosa Adriana Díaz recordó que junto con senadores del PAN y del PRD presentó el 13 de septiembre pasado una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución para la eliminación del fuero y la renovación del juicio político.
Desde esa fecha, el documento se encuentra en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado. Sin embargo, aún no se ha emitido el dictamen correspondiente y por lo tanto, la propuesta no pasa todavía al pleno de la Cámara.
La iniciativa busca desaparecer el fuero que impide que un servidor público sea sometido a juicio penal. El documento propone un nuevo esquema de juicio político, en donde el proceso se inicia con la acusación que presente cualquier persona física o moral ante la Cámara de Diputados, relevando de la carga de la prueba al denunciante.
De acuerdo con la propuesta, corresponderá a la Cámara de Diputados investigar en un plazo de 30 días hábiles los hechos que motivan la acusación y determinar por el voto de la mayoría si existen motivos para separar del cargo al servidor público acusado.
De ser así, la acusación se remitirá al Senado y será en esta Cámara dónde se dé inicio a la fase de juicio. El Senado concederá audiencia al acusado y dentro de los 15 días siguientes se erigirá en jurado de sentencia, debiendo determinar mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, si hay que separarlo del cargo.
La iniciativa sujeta también al Presidente de la República a este nuevo esquema, atendiendo al principio de igualdad ante la ley.
—Es de suma importancia facilitar la forma en que los servidores públicos y los representantes populares puedan ser llamados a cuentas —aseveró la senadora Díaz Lizama.
—No se trata de judicializar a diestra y siniestra el trabajo legislativo ni ningún otro servicio público; se trata de que los políticos enfrentemos con responsabilidad los asuntos judiciales a que podamos estar expuestos en lo personal.
—Nuestro interés es acabar con la impunidad, con los excesos y con los privilegios, sujetando al servidor público al principio de igualdad ante la ley —reiteró.
La senadora por Yucatán subrayó que las reformas recientes tienen como finalidad combatir la corrupción y lo que sigue ahora es tomar medidas severas contra la impunidad.
—Logramos aprobar la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo dos objetivos: uno, coordinar a las instituciones encargadas de la investigación, persecución y sanción de la corrupción, y dos, el establecimiento de contrapesos e incentivos para abatir las redes de corrupción.
—La sociedad dice: No a los privilegios, no a la impunidad, no a los fueros y en este sentido, piden que seamos iguales ante la ley.