El investigador social propone un innovador modelo operacional del Sistema que propicie aportaciones estatales, estatus diferente a los investigadores y facilite la transferencia tecnológica
El Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt es la segunda entidad más importante en la generación de conocimiento científico y tecnológico del país, solo después de la UNAM, y tiene una gran participación en la formación de profesionales de posgrado.
Pero en los últimos años, Conacyt ha sido un obstáculo para el propio Sistema. Además, la normatividad que pesó sobre los Centros y la forma en que están organizados ya es limitada, en opinión del doctor Rafael Loyola Díaz, exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), adscrito al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt.
“La dependencia de Conacyt ha hecho que los Centros operen como su caja chica. Además, el mismo Consejo les brinda algunos privilegios a diferencia de otros organismos de CyT.
“Por otra parte, los investigadores de los Centros tienen estatus de funcionarios públicos y son sujetos de responsabilidad, lo cual no es una figura que se preste para hacer una buena investigación. Lo conducente es que el estatus sea como en las universidades”, considera el sociólogo egresado de la UNAM y doctor en historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, en París, Francia.
El Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt está conformado por 27 instituciones distribuidas en más de 40 ciudades de 30 entidades; de él forman parte 2 mil 500 investigadores, técnicos y académicos.
En entrevista, el doctor Loyola Díaz externa que para las áreas de vinculación de todos los Centros hay una enorme cantidad de controles burocráticos, lo cual limita la posibilidad de hacer la transferencia de conocimiento y/o tecnología, y que ponen freno a esta dinámica que beneficia a las propias instituciones de investigación.
“Conacyt es un consejo, no es un ente ejecutor de políticas públicas. Su función es el fomento y coordinación de políticas de ciencia y tecnología, y los Centros son instancias operativas en la realización de investigación. Entonces el modelo de los Centros ya no encaja en lo que es Conacyt”.
Sin embargo, el actual director general del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad propone medidas que darían un giro a la actual estructura del Sistema de Centros Conacyt.
“Por qué no pensar en un gran Sistema de Centros autónomo, con nuevas reglas de operación y estatus para los investigadores, con más facilidades para la vinculación y la creación de empresas de base tecnológica. Posiblemente que dependa de una secretaría de ciencia y tecnología a crearse, en un modelo del que también Conacyt dependa de ella”, sugiere el investigador social.
Citó como ejemplos organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) en España, la Sociedad Max Planck para la Promoción de la Ciencia en Alemania, o el Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia.
“Salvo honrosas excepciones, los estados no apuestan a la CTI. No pasan de ochos los que sí lo hacen, el resto espera que la federación resuelva todo. Hay que crear la posibilidad de que distintos organismos aporten y que los estados se comprometan a invertir en CyT de manera decisiva y que ello forme parte de los indicadores del desempeño”.
El doctor Loyola Díaz recalca que el modelo sugerido de centros público de investigación no debe representar pasivos laborales para la Secretaría de Hacienda, ni gastos irreductibles en el presupuesto, pues contaría con aportaciones de los socios que lo respalden. “La evaluación indicará si la operatividad será la correcta y de no ser así que se retiren las aportaciones”.
(Agencia ID/Noticyti)
