La paz y la justicia requieren de instituciones sólidas que atiendan de forma directa y tenaz los males de nuestra sociedad: Gaspar Quintal

Los órganos del estado tienen alcances, capacidades institucionales y limitaciones, además de los formales propios de su competencia, existen aquellos determinados por sus procedimientos, el tipo de información y evidencia con la que cuentan, el capital humano, así como recursos económicos y materiales.

La inteligencia institucional reside en conocer precisamente esas capacidades y minimizar la probabilidad de errores; pues de eso depende la buena administración pública, misma que en Yucatán ha sido reconocida como un derecho humano durante esta LXIII Legislatura.

Por otro lado, el principio democrático, como sistema de gobierno en nuestro país es evolutivo, y trasciende a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, lo que ha permitido crear nuevos mecanismos con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los cuales fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.

En este sentido, con el fin garantizar mejores condiciones de vida en Yucatán requerimos del buen desempeño de nuestras instituciones a través de políticas y acciones públicas que tengan como premisa, el mejoramiento de la realidad social en la que viven día a día las y los yucatecos.

“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad es de los sistemas de pensamiento. Una teoría por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera, de igual modo, no importa que las leyes e instituciones están ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”.

Es parte de nuestra labor como legisladoras y legisladores, poder reconocer derechos, restringir, limitar, pero también generar mecanismos de garantía, sobre todo, a través de la configuración institucional; marcando la pauta para el ritmo con el cual podrán desempeñarse los distintos órganos y entidades de la administración pública de nuestro Estado, así como de los poderes del Estado

En el régimen constitucional local, todos los órganos públicos, están sometidos al principio de legalidad, al mandato de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos en los términos previstos en el artículo 1º de la Carta Magna y a una relación entre poderes y órdenes jurídicos en el que subyace una razón de eficiencia institucional;

Es decir, “Un órgano es más eficiente si su competencia, dotación de recursos humanos, procedimentales y materiales lo colocan en una mejor posición que otro para gestionar determinado asunto.”

La paz y la justicia requieren de instituciones sólidas como lo señala la Agenda 2030 de la ONU, que atiendan de forma directa y tenaz los males de nuestra sociedad; es por lo anterior que, en conjunto con mi compañera de Fracción, Dip. Karla Franco, tenemos a bien proponer que la Fiscalía de Justicia del Estado sea un Organismo Constitucional Autónomo Local

Permitiendo así su total independencia del Poder Ejecutivo, y con ello garantizar el cumplimiento cabal de su objeto: “LA PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD”, lo cual, sin duda, es un tema toral tanto para el Estado como de la Sociedad en General.

La autonomía funcional y presupuestaria como una de las características que en el PRI anhelamos para la fiscalía general del Estado; brindará empoderamiento a la institución y a su titular, pues al no existir subordinación a otro poder, la Fiscalía podrá investigar y perseguir los delitos con una representación real de la sociedad, sin ningún otro interés más allá del estricto apego a la ley.

Es trascendente recordar que la fiscalía general de la República es un Organismo Constitucional Autónomo, derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año 2014,

Asimismo, del total de 32 Entidades Federativas que conforman el Estado Mexicano, únicamente 6 continúan con fiscalías dependientes del Ejecutivo Local, entre las cuales se encuentra Yucatán; en contraste a las 26 que han transformado sus instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos, adoptando la naturaleza de organismos constitucionales autónomos.

Es de aplaudirse que, mediante reforma del 14 de noviembre de 2019, se definió el procedimiento de designación del fiscal general de nuestro Estado, no obstante, derivado de su naturaleza administrativa centralizada, continúa latente una relación con la persona titular del Ejecutivo local; por lo que consideramos que en la persecución de los delitos, se requiere una total independencia, y evitar la relación directa o incluso indirecta con cualquier ente o Poder del Estado.

Deseamos continuar disfrutando de la seguridad en Yucatán, pero también garantizando que no exista impunidad, procurando, el acceso a la justicia, así como su prontitud y su eficacia.

Confío compañeras y compañeros diputados, que dotar de autonomía constitucional a la fiscalía general del Estado, es un paso trascendental para que nuestros más de 2 millones de Yucatecos y Yucatecas y los miles de nacionales como extranjeros que nos visitan día con día, continúen percibiendo paz y tranquilidad en las calles de nuestro Estado.

Es cuánto.