La fracción del PRI ha sostenido que el informe presentado, al igual que el de los tres años anteriores, no cuenta con datos certeros que nos permitan evaluar el estado de la administración pública: Karla Franco

La fracción del PRI ha sostenido que el desarrollo económico debe vincularse con el social; de tal forma, que se prevenga un crecimiento económico sostenido y sustentable en armonía con el ambiente, encaminado a generar oportunidades para el bienestar de las y los yucatecos, considerando la competitividad y productividad local, desarrollo de la innovación, así como infraestructura, obra pública y política industrial responsable, en los diferentes ámbitos costero, rural y urbano en el Estado.

Bajo este tenor, resulta indispensable realizar un análisis riguroso basado en el paradigma de un Estado de bienestar, así como la progresividad y eficiencia en temas como la redistribución de la riqueza, en los rubros del Desarrollo Económico y Territorial, Desarrollo Social y Rural en la glosa del IV Informe de Gobierno, pues sin duda, representan los ejes que deben sostener la prosperidad en Yucatán.

En estos ejes, debería quedar demostrado el grado de avance en la garantía de derechos como el mínimo vital, el derecho al trabajo, la dignidad humana y el estado de derecho de la razón, y la optimización que desde cada acción debe propiciar la implementación de acciones que generen resultados positivos a la comunidad, a las familias y directamente a cada persona.

El desafío mayor del cual nos hemos percatado de nueva cuenta, los legisladores del PRI, es la falta de transparencia, la carencia de datos en las contrataciones realizadas, las acciones de seguimiento y evaluaciones que demuestren con certeza los resultados que se alcanzan.

No existe un impacto significativo en el contexto de la salud a través de la cultura física, y mucho menos acciones que brinden certeza del mejoramiento de las condiciones para deportistas de alto rendimiento.

Nuestro Yucatán tiene el potencial de ser cuna de talento deportivo; el cual confiamos no solamente se encuentra en nuestra capital; si no en cada uno de nuestros 106 municipios; pero es en efecto, la falta de una política pública que logre incentivar, facilitar y sobre todo dar seguimiento a la práctica del deporte de alto rendimiento, ha limitado a las prácticas, incentivar la continuidad y descubrir a nuevas yucatecas y yucatecos deportistas.

Otro rubro que requiere atención prioritaria es el referente al turismo en nuestro Estado, para el cual se lleva a cabo día con día la contratación de distintos bienes y servicios para la supuesta potencialización de Yucatán como destino turístico; no obstante, no podemos pasar por alto, que uno de los principales pilares con respecto al combate a la corrupción, es el relativo a la transparencia que debe existir en todos los entes y organismos públicos.

Al verificar el IV Informe de resultados, se puede denotar que no existe de forma específica mención alguna relativa a los mecanismos o siquiera el sistema integral, transparente y accesible mediante el cual el poder ejecutivo local lleve a cabo sus compras, concursos o licitaciones; y las decisiones correspondientes que avalen su voto positivo para decidir contraer obligaciones con alguna empresa.

Limitándose así a manifestar la existencia de la adquisición de bienes y servicios como lo manifestó en el informe la Secretaría de Fomento Turístico al contratar servicios de campañas de promoción, publicidad, operación y mantenimiento del marketing del destino, así como manejo de redes sociales, así como la puesta en marcha de eventos como parte de la estrategia denominada “2022, AÑO DE LA GASTRONOMÍA”. Sin expresar el cómo, a quienes, y en donde se ha generado un cambio de paradigma o mejoramiento de los ingresos para la ciudadanía, o mejoramiento del turismo con respecto al año anterior.

Siendo esta la principal razón para que, como parte de nuestra labor como diputados, realizáramos las preguntas correspondientes, para transparentar la forma en la cual contrae obligaciones el ejecutivo local.

Así como resulta indispensable tener conocimiento de quienes prestan servicios al poder ejecutivo, lo es también el poder conocer la medida en la cual se ve beneficiada la población específica, como por ejemplo el relativo a casas ejidales, siendo que Yucatán es un Estado con una amplia cantidad de tierras ejidales.

En el periodo que se informa, han sido entregados 104 apoyos entre 34 municipios, siendo omisa la autoridad en manifestar en qué cuantía correspondió a los ejidos localizados en dichos municipios y mucho menos el seguimiento que en su caso se hubiera dado a dichos apoyos económicos para la adecuación de infraestructura y equipamiento de sus casas ejidales.

Es evidente, que, sin seguimiento, sin evaluación y sin una sinergia entre lo planeado y lo ejecutado, resulta cada vez más difícil el poder evaluar el beneficio adquirido por la ciudadanía; toda vez que informar acciones de carácter individualizado, no logra traducirse en una política pública que goce de efectividad para nuestra ciudadanía.

En la fracción del PRI, tenemos la convicción de que la participación ciudadana es pilar del funcionamiento de una buena administración pública; por lo que en el ámbito social, solicitamos conocer el avance en la implementación de la Ley de Desarrollo Social y la promoción de una gestión que construya una ciudad con la participación de todas las personas en la gestión de los bienes y recursos públicos; misma ley que se traduce en una participación ciudadana efectiva e integral, realizada por las y los jóvenes de la Facultad de Derecho de la UADY.

Siendo de igual forma cuestionado lo relativo al avance en la ley reglamentaria de la misma, la creación de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo, el Consejo Consultivo de Desarrollo Social y la Contraloría Social todas del Estado de Yucatán, cuyos plazos de cumplimiento vencieron en diciembre del 2022;

La movilidad es un derecho inherente al ser humano, que permite a nuestra ciudadanía acceder a otros bienes y servicios, así como ejercer otros derechos; y es responsabilidad de nuestras autoridades llevar a cabo el debido seguimiento para que nuestro sistema de transporte no se traduzca únicamente como un fin, sino más bien como el medio que posibilita el desplazamiento humano, lo que implica que cuente con los medios necesarios para su total consecución.

En el rubro de movilidad existen áreas de oportunidad, principalmente en lo relativo a la accesibilidad universal, que pareciera un oasis en medio del desierto; tan cerca, pero a la vez tan lejos.

Puesto que a pesar de que, en efecto, gran parte de la planeación para la implementación de la RUTA PERIFÉRICO VAyVEN fue llevada a cabo tomando en consideración a las personas con discapacidad o con movilidad reducida; dicha accesibilidad se encuentra limitada a los puentes del periférico y a los propios autobuses, sin tomar en cuenta la forma en la cual puede una persona llegar a dichos puentes y paraderos para abordar los autobuses;

Un claro ejemplo de área de oportunidad es el de nuestro vecino hospital del ISSSTE, al cual acuden cientos de personas día con día, que para poder acceder al paradero del VAyVEN y su consecuente autobús, deben cruzar un tramo considerable de carretera sin algún tipo de banqueta que salvaguarde su integridad física.

Finalmente, como hemos manifestado anteriormente, el informe presentado, al igual que el de los tres años anteriores, no cuenta con datos certeros que nos permitan evaluar el estado de la administración pública actual y la forma en la cual ha sido ejecutado el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

De esta manera se demuestra que aún falta el entendimiento, la racionalidad política y una labor por alcanzar un equilibrio y orden justo de la autoridad sobre la economía para que ésta sea igual para todas y todos los yucatecos.