Discurso Diputada Fabiola Loeza Novelo
Con fundamento en la fracción tercera del artículo 71 de la Carta Magna, pongo a consideración una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos con base a la siguiente exposición de motivos.
Como sabemos, este Congreso local, cuenta con la atribución constitucional para aprobar y proponer cambios a la Constitución General.
Las y los legisladores tenemos un compromiso irrenunciable para fortalecer las bases sociales que dotan de certeza a la ciudadanía más allá de nuestra entidad y ésta, es una oportunidad para impulsar el avance y evolución del marco normativo nacional.
Lo anterior, podemos lograrlo si generamos cambios legislativos vanguardistas que a mediano y largo plazo maximicen el bienestar en todos los sectores.
No está de más decir que los derechos humanos favorecen al Estado de Derecho y a su materialización en la vida diaria de las personas; solo así podemos constatar el avance o retroceso de una sociedad.
Esos derechos humanos, desde el año 2011, gozan de una protección institucional que abarca prácticamente todos los aspectos individuales y colectivos del pueblo mexicano.
Su importancia radica en que no pueden disminuirse a la luz del principio de progresividad.
Vale la pena mencionar que, en recientes fechas, las reflexiones judiciales en nuestro país han introducido y analizado el término de “elementos pétreos de la Carta Magna”.
Tal término, hace referencia a aquellas bases, principios y máximas normativas que dan forma y estructura a nuestro sistema jurídico; ejemplo, la división de poderes, la soberanía y, por supuesto, los derechos humanos reconocidos.
Bajo esa óptica, los derechos previstos en nuestra Constitución siempre pueden ampliarse y por ende, ser inamovibles dentro de las instituciones mexicanas.
Al amparo de lo anterior, la cultura de los derechos humanos ha permitido robustecer el acceso a la salud, a la igualdad, a la educación, a la ciencia, y a la movilidad, por mencionar algunos.
Ahora bien, contamos con la garantía de acceso a un medio ambiente sano, a la disposición y saneamiento del agua; en este último caso, su importancia es vital para la vida y la salud de las personas.
Como sabemos, el agua goza de un lugar esencial, por ello, la prestación del servicio NO puede ser suspendido de manera total, ni siquiera cuando se presentan problemáticas económicas.
La energía eléctrica en México, no ha sido reconocida como un derecho humano y es necesario se impulse su inclusión dentro de éstos, precisamente para que no pueda suspenderse, ni dejar de prestarse.
La iniciativa se basa en no pocos precedentes judiciales que expresan la necesidad de reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, ya que es vital para acceder otros, a saber, la vivienda digna, la educación, cultura, internet, salud, seguridad y prácticamente a todos los derechos.
Por ello, propongo que el Pleno local apruebe una reforma al artículo 4º y se pondere el reconocimiento constitucional al acceso a la energía eléctrica.
La reforma aprobada por esta legislatura, habrá de ser enviada al Congreso de la Unión para impulsar un gran debate nacional; y qué mejor que nazca desde la tierra del Mayab.
Los beneficios de reconocer el acceso de la energía eléctrica como un derecho fundamental radicarán en que el Estado Mexicano deberá optar por la generación sostenible, sustentable y limpia para beneficio de todas y todos.
De igual modo, tal como sucede con la disposición del agua, el acceso a la energía eléctrica deberá ser un elemento básico para el bienestar de la persona para abandonar la perspectiva mercantilista y verla desde la óptica del progreso y del garantismo mexicano.
Reconocer el acceso a la energía eléctrica en estos términos en nada agravia a su control estatal como un área estratégica, por el contrario, le otorga mayores argumentos jurídicos para cambiar la añeja concepción de un mero servicio, y lo eleva a un rango de conquista social que posibilita incluso mantener su costo social, asequible y disponible para todas y todos.
Esta es una iniciativa que se construye con base a precedentes judiciales, a la importancia de saber y reconocer que debemos avanzar hacia instituciones modernas que impacten benéficamente en la vida diaria de millones de personas en nuestro país.
Hoy que se inicia este tercer año legislativo, hagámoslo con altura de miras, con la convicción y con el deber de proponer cambios de amplio espectro que permitan un mejor desarrollo individual y colectivo de la mano de fortalecer a los derechos humanos en México.
Es cuánto. Agradezco su atención.
