La despenalización del aborto facilitaría el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y respetuosos para las mujeres y personas gestantes de todo Yucatán: Vida Gómez

Hace 22 días, la marea logró un gran avance a favor de la libertad de decisión de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El 6 de septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó la despenalización del aborto a nivel federal, en todo el país.

Y recordemos también que hace dos años, el tribunal dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, y obligó a los jueces a desechar los casos penales cuando llegaran a sus manos.

Todos estos logros han sido a nivel federal; sin embargo, en Yucatán se sigue evitando legislar sobre este tema.

Desde 2021 quienes integramos esta legislatura tenemos la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado.

Hoy, 28 de septiembre, en el marco de la conmemoración del día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito; hacemos un llamado a revisar nuestros pendientes.

Hoy no hay excusas para seguir postergando la discusión legislativa de la despenalización del aborto en Yucatán.

Criminalizar la libertad reproductiva de las mujeres, no ha demostrado efectividad para disminuir los abortos en el estado.

Según datos de los Servicios de Salud de Yucatán, en promedio se registran alrededor de 1,500 abortos al año en la entidad. Y no se tienen cifras certeras de los abortos clandestinos, que son los que representan mayor riesgo para la vida de las mujeres, principalmente, de quienes están en situación de pobreza.

La despenalización del aborto es un tema que fácilmente divide opiniones, pero las diferencias son normales en una sociedad democrática.

Nuestra responsabilidad es legislar en apego a los derechos humanos, es asumir el papel de guiar a la sociedad hacia la evolución, una evolución en donde haya un estado pleno para ser.

No se trata de evitar discrecionalmente, los temas que vayan en contra de nuestras opiniones personales.

Evitar abrir la discusión y seguir postergando el análisis de este tema, atenta contra los derechos humanos.

Sobre todo, sabiendo que el mayor porcentaje de los casos de aborto en Yucatán se presentan en menores de edad, es decir, en niñas y adolescentes.

La tasa especifica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, en Yucatán, va en aumento desde el 2015.

Lo que quiero decir con estas cifras, es que la criminalización de las personas que deciden abortar, no ha demostrado ningún resultado en disminuir los embarazos adolescentes, mucho menos los abortos, un eje en los argumentos de quienes se oponen.

Para que haya menos abortos, tienen que haber menos embarazos no deseados.

Y el camino para que la incidencia de éstos disminuya, no es criminalizar a las mujeres, si no proveer información y garantizarles el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La falta de información que por sí sola es un problema, también contribuye a la formación de prejuicios y al aumento del estigma en contra de las mujeres y personas gestantes.

Las integrantes del Centro de Justicia, Democracia e Igualdad CEJUDI AC, elaboraron un informe como parte del Proyecto AJAL, cuyo objetivo es reducir las barreras legales y sociales que se han impuesto a las mujeres y a las personas gestantes al momento de acceder a los servicios de salud reproductiva.

En ese informe, definen la violencia obstétrica y señalan que ésta suele relacionarse principalmente con la atención del embarazo y el parto. Sin embargo, esto ha llevado a ignorar la violencia obstétrica que ocurre durante la atención del aborto.

Es decir, en sus investigaciones, las integrantes del CEJUDI, encontraron una estrecha relación entre la penalización del aborto, la criminalización de las mujeres y la incidencia de la violencia obstétrica.

Yucatán ocupa el quinto lugar nacional de mayor prevalencia de maltrato en la atención obstétrica. Y tal como señala el informe AJAL, la despenalización del aborto, facilitarían el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y respetuosos para las mujeres y personas gestantes de todo Yucatán.

La marea ya despertó en Yucatán, la marea sigue avanzando y sigue creciendo, porque la lucha es a favor de los derechos humanos.

La marea no va a parar, con nosotros o a pesar de nosotros, la marea logrará que las leyes yucatecas garanticen a las mujeres y personas con capacidad de gestar, la información para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

 

Es cuanto.