Posicionamiento Fracción Legislativa del PRI/Ley General de Hacienda
En términos generales, la Ley de Hacienda es la norma que establece las cargas impositivas mediante las cuales los ciudadanos contribuyen a los ingresos del Estado que posteriormente serán distribuidos en el gasto. Por esa razón, esas cargas deben ser directamente proporcionales a la capacidad económica de la población.
Actualmente, nos encontramos ante una situación atípica que ha afectado de manera severa la economía de las familias yucatecas, de tal suerte que el pago de impuestos y derechos debe ser acorde con la realidad que la gente vive todos los días.
Desde esa óptica, quienes integramos la fracción Legislativa del PRI, realizamos un análisis serio y a conciencia respecto al contenido de la iniciativa que se propone, como ejemplo de este ejercicio esta el estudio que realizamos al Impuesto a la Emisión de Gases contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua del cual llegamos a la conclusión que si bien es cierto es importante generar acciones que contrarresten los efectos de la contaminación en la entidad;, estas acciones deberían servir para generar recursos que se destinen y etiqueten de manera clara, directa y participativa en la mitigación y prevención de la contaminación, y para incentivar a los emisores de contaminantes a aumentar la eficiencia de sus procesos para reducir sus descargas. Y estos dos puntos no se encuentran esta iniciativa del paquete fiscal.
Como referencia a lo anterior, observamos que en la iniciativa que se discute, estos llamados impuestos ecológicos son una copia literal de la ley emitida hace mas de 5 años en el estado de Zacatecas. Un estado que es el primer productor de plata en el mundo, primer lugar nacional en producción de plomo y zinc, el segundo en cobre y tercero en la producción de oro, a su vez su actividad industrial sobresale en la producción de autopartes y la industria aeroespacial.
Es decir, Zacatecas se enfrenta a retos de mitigación de la contaminación muy diferentes a los nuestros derivados de su vocación industrial. Por otro lado, la permanencia y apertura de empresas está sujeta a diversas variables, entre ellas a las facilidades administrativas y a las distintas cargas impositivas y subsidios que se ofrecen a los inversionistas.
Fomentar el establecimiento de nuevas empresas en nuestro estado y contribuir al crecimiento de las actuales, sin duda generarán incremento en la captación de recursos, que bien podrían destinarse a acciones que atiendan a los temas ambientales, sin tener que generar nuevas cargas impositivas que desmotiven a los inversionistas.
De tal forma, nos manifestamos en contra de esta iniciativa debido a que:
- Los impuestos NO son apropiados. Se intenta implementar cargas impositivas que se aplican en zonas del país con actividades económicas distintas a las que se realizan en nuestro estado y con condiciones de riqueza mineral y natural ajenas a las de Yucatán, condiciones que las hacen incompatibles.
- La iniciativa NO es clara y NO establece un mecanismo transparente y participativo que garantice el destino de los recursos recaudados. Se menciona que se utilizarán en acciones generales, cuando las acciones de resarcimiento ecológico, amortiguación y reversión de los efectos contaminantes se realizan en programas permanentes. Se requiere un plan de mediano y largo plazo que no esté sujeto a las voluntades o caprichos de una administración y que cuente con recursos que garanticen su permanencia.
- NO contempla la creación de un fideicomiso. Por esa razón, proponemos que, en un artículo transitorio, se establezca, mediante la figura de un fideicomiso, la creación de un órgano técnico en el que participen perfiles científicos y especializados que contribuyan a la determinación de las acciones y planes para contrarrestar la contaminación. A su vez, debería haber representación de las cámaras empresariales para que se corrobore el destino de las contribuciones.
- Se basa en normas que NO están vigentes. La formulación de los nuevos impuestos propuestos se basa en normatividad que ya no se encuentra vigente. Por lo que existen normas actuales en materia de contaminación que NO están siendo consideradas, lo cual demuestra que la creación de estos impuestos atiende a requerimientos recaudatorios y NO a intenciones de combate a la contaminación.
- NO destina los recursos a acciones de reducción de la contaminación. Como muestra de lo anterior, la iniciativa del presupuesto de egresos considera únicamente 9 millones 729 mil pesos para acciones de reducción de la contaminación, esto demuestra que las otras acciones que se realizarían con los supuestos 140 millones de pesos que se pretenden recaudar NO tendrían efecto en programas relacionados con este tema.
- NO es la vía correcta para obtener recursos para contrarrestar la contaminación. El aumento de la carga impositiva para la industria desmotivará el crecimiento y la apertura de nuevas unidades de negocios, hoy el estado requiere motivar el crecimiento de las empresas que repercute directamente en la creación de más y mejores empleos, contribuyen a la reactivación económica y por consecuencia generan incrementos en la captación de contribuciones impositivas estatales que bien pueden ser destinadas a acciones para contrarrestar la contaminación.
- NO favorece el autoempleo. Ante la actual situación de desempleo generado por el cierre y contracción de las empresas, muchos padres y madres de familia se han visto en la necesidad de cubrir sus necesidades económicas. Así, los ciudadanos han buscado una manera de generar recursos a través del autotransporte alternativo operado por medio de plataformas electrónicas, por lo que ya son sujetos de obligaciones fiscales derivadas de su actividad. Sin embargo, en la propuesta del Ejecutivo se pretende que en adición paguen derechos por certificado, lo cual afecta de manera directa su economía familiar.
- Contribuye al aumento de tarifas. Se pretende cobrar derechos al transporte público para el registro de unidades, esto agrega costos a los prestadores del servicio y complica el mantenimiento de las actuales tarifas, lo que afectaría a los miles de usuarios que, de por sí, ya padecen actualmente la mala prestación del transporte público.
- Se crean nuevas cargas que afectan la reactivación económica. – Incluye el cobro de derechos por servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública a escuelas de manejo, a laboratorios clínicos encargados de la aplicación de exámenes toxicológicos para aspirantes a instructores o instructores autorizados de escuelas de manejo y un nuevo derecho para empresas de seguridad privada.
- Contiene nuevos pagos que afectarán la economía familiar.-Incorpora el pago de derechos por rubros relacionados con los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por los servicios que presta la Dirección del Archivo Notarial del Estado, por los Servicios que presta la Dirección del Catastro, por servicios que presta la Secretaria de Educación, por acceso a la información, por los servicios que presta el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial.
Lo expresado, es muestra clara de que como fracción legislativa realizamos un trabajo serio y responsable.
La crítica no es sinónimo de ataque, cuando se hace con la intensión de mejorar las cosas. El saber escuchar es una virtud que permite corregir lo que no está bien y distinguir entre las opiniones que buscan proponer de aquellas que sólo buscan distraer.
Gracias.
