Las autoridades allanan la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y el obispado de la ciudad de Rancagua, en el marco del escándalo de abusos sexuales por parte de varios sacerdotes
La Fiscalía chilena allanó este miércoles la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y el obispado de la ciudad de Rancagua, capital de la región de O’Higgins, donde son investigados al menos 14 sacerdotes por presuntos abusos sexuales contra menores de edad y jóvenes.
Las diligencias comenzaron en el obispado de Rancagua, hasta donde llegaron agentes de Carabineros y el fiscal Sergio Pérez con una orden de entrada y registro emitida por el Tribunal de Garantía de la localidad de Pichilemu, que investiga las denuncias contra los curas de la zona, según fuentes de la Fiscalía.
Al mismo tiempo, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias llegó hasta el Tribunal Eclesiástico de Santiago para llevar a cabo otras diligencias, que luego prosiguió en dependencias del Arzobispado capitalino.
Nadie está al margen de la ley», aseguró Arias a los periodistas al salir del Tribunal Eclesiástico, donde se incautó de documentos con antecedentes de la investigación en la región de O’Higgins, donde existen denuncias desde el año 2007 con escasos o nulos avances, según han afirmado las víctimas.
Las diligencias de hoy, según fuentes de la Fiscalía, buscan recolectar todo el material, incluidos expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes vinculados a abusos sexuales sufridos por menores de edad de parte de miembros del clero.
Un reportaje de Canal 13 reveló en mayo pasado que un grupo de sacerdotes de O’Higgins integraban un grupo denominado ‘La Cofradía’ para mantener relaciones sexuales con menores de edad y jóvenes.
También contrataban en Santiago a jóvenes que ejercen el comercio sexual.
El caso se activó en momentos en que se encuentran en Chile, por segunda vez, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, enviados especiales del papa Francisco, para escuchar a las víctimas y visitar la diócesis de Osorno.
El pontífice aceptó la renuncia del obispo de esa diócesis Juan Barros acusado por las víctimas de encubrir los abusos sexuales del párroco Fernando Karadima.
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