Integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco analizan, en un panel coorganizado por la Maestría en Derecho del ITESO, algunos de los pormenores de la Reforma Judicial impulsada por la Presidencia del país y difieren de muchos de sus planteamientos.
Para algunos de los jueces actuales en Jalisco, la legitimidad no la da la forma en que son elegidos para su cargo, sino el desempeño profesional, la calidad de sus sentencias y el desarrollo de una carrera judicial sostenible, y eso se echaría por tierra con la propuesta de Reforma Judicial que se pretende llevar en septiembre al Congreso de la Unión, y cuyo punto más polémico es la elección de jueces por voto popular.
“Si las mayorías pueden determinar todo, incluyendo los derechos de las minorías, caemos en regímenes totalitarios. La historia nos ha enseñado que se deben de proteger los derechos de las minorías, justamente para que no haya excesos de parte de las mayorías”, consideró el magistrado Juan Eduardo Díaz Sánchez durante la conferencia “Reforma Judicial”, organizada la Maestría en Derecho del ITESO y el capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
La mesa fue moderada por Juan Carlos de Obeso Orendain, coordinador de la Maestría en Derecho, y contó con la participación, además de Díaz Sánchez, quien es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, de Dulce Guadalupe Canto Quintal, jueza del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Jalisco; Sandra Karina Ibarra Carbajal, jueza sexta de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor, y Adolfo Aldrete Vargas, juez de distrito especializado en temas penales.
El panel fue desarrollado a partir de los siguientes ejes de análisis: el nuevo modelo de elección de jueces y magistrados a través de voto popular; los nuevos órganos que implica la reforma, centralmente la desaparición del Consejo de la Judicatura que sería sustituido por un Tribunal de Disciplina, y cómo la reforma puede trascender en medios como el amparo o la controversia constitucional.
Para Ibarra Carbajal es importante partir del análisis de que la Reforma Judicial se basa en la premisa de que en México no tenemos justicia pronta y expedita, y que, además, tenemos corrupción. Sin embargo, lo que en realidad subyace es el menoscabo de un derecho fundamental para todo ser humano que es la independencia judicial, señaló.
“Es un derecho fundamental, todos tenemos derecho a acceder a un tribunal independiente, ajeno a fuerzas de poder exteriores. Si no tienes ese pilar fuerte no hay democracia, porque dominan los otros actores políticos, económicos, e incluso fácticos. La reforma plantea como solución la sustitución de un conglomerado de personas que trabajan en cada una de las oficinas de los poderes en los estados, en casi 6 mil órganos con titularidad jurisdiccional”, expresó.
Pese a que se cuestiona la falta de justicia pronta, la jueza destacó que, en México, el Poder Judicial federal procesó casi un millón y medio de casos jurídicos en 2023, de los cuales fueron resueltos un millón 400 mil. Eso con una planta muy reducida, pues mientras que la norma internacional indica que debe haber 15.4 jueces por cada 100 mil habitantes, en México existen 1.2 jueces por cada 100 mil habitantes. “Hay que evaluar objetivamente si es que los funcionarios no están trabajando, o si estamos ante un problema de política pública”.
Un riesgo latente, consideró, es que este acceso al cargo por voto popular puede estar condicionado por muchos poderes, siendo el más peligroso la presencia de la delincuencia organizada, como ocurrió en este proceso electoral de 2024, en el que muchos candidatos fueron amenazados o asesinados: “vivimos en un país muy lacerado por ese tipo de fenómenos. ¿Con qué independencia va a juzgar un juez, si lo auspicio un poder factico como el crimen organizado? Mi conclusión es que el voto popular, desgraciadamente en nuestro modelo mexicano, con todos los fenómenos fácticos que vivimos, más que fortalecerlo, realmente lo debilitaría”.
Respecto a la eliminación del Consejo de la Judicatura, organismo que tiene la función de administrar y vigilar la actuación de los jueces, y que sería sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, que a su vez juzgará, Canto Quintal consideró que esta modificación está hecha bajo el argumento de que en el Poder Judicial hay nepotismo, corrupción y falta de vigilancia; sin embargo, ya hay un mecanismo de rendición de cuentas, lo que tendría que hacerse es fortalecerlo y no sustituirlo por un órgano con una visión exclusivamente punitiva.
“Si el argumento es que hay corrupción, hay que decir que el Consejo de la Judicatura sí vigila la corrupción, recibe denuncias anónimas que atiende y vigila, y sanciona la actuación de los jueces. Yo no vengo a contar una historia de un Poder Judicial perfecto, lo que sí vengo a decir es que un Tribunal de Disciplina atenta precisamente contra la disciplina de los jueces, porque cómo juzgar de forma imparcial un asunto si sabes que tienes un tribunal que te puede generar un castigo si no atiendes a ciertas sentencias”, consideró.
Sobre la elección por voto popular, para la jueza es importante considerar que la reforma está planteando periodos de gestión de seis años, esto empataría el ejercicio del cargo en concordancia con la mayoría de los puestos de elección popular en México –incluyendo la Presidencia de la República–, lo que implicaría supeditar la misma elección de jueces a la ola que predomine en la coyuntura política del momento, lo que generaría que la política pública pudiera incidir en la autonomía y en la independencia jurídica.
“Hay un Poder Ejecutivo muy fuerte en estos momentos, con un respaldo popular impresionante, algo que no se había visto. Él está respondiendo con esta reforma como una vía para ese clamor de justicia social (…). El hecho de que el Ejecutivo esté en una constante confrontación con el Judicial es una lucha de poder, y creo que esa es la razón de la reforma, podemos dar muchas justificaciones teóricas, pero ese es el fondo. Somos el contrapeso de ese poder en este momento”, declaró.
El magistrado Díaz Sánchez cuestionó varios de los argumentos que se han esgrimido desde el Ejecutivo en contra de los representantes del Poder Judicial, por ejemplo, aquel que asegura que no son cercanos al pueblo: “eso es muy relativo y lo tendríamos que sopesar bien, conociendo cómo funciona el juicio de amparo, que es para defender los derechos de los gobernados ante autoridades del Estado mexicano”.
Acerca de la crítica hacia los sueldos excesivos de jueces y la propuesta de que se establezca que nadie puede ganar más que el presidente de la república, consideró que esta apreciación es muy relativa, pues existen abogados litigantes que pueden ganar sueldos mucho mayores y que además en remuneraciones totales, incluyendo prestaciones, ningún juez o magistrado gana más que el primer mandatario: “a nosotros no nos dan un palacio para vivir. No estamos diciendo que queremos ganar más que el presidente, simplemente que seamos objetivos al valorar esa argumentación. Tenemos un sueldo justo, en razón de las funciones que hacemos”.
Aldrete Vargas, mediante ejemplos concretos de su vida y de casos llevados a su juzgado, aseguró que es necesario garantizar en primera instancia la legalidad de esta reforma y no echar por tierra toda la preparación y los esfuerzos que muchos jueces pasan a lo largo de su vida laboral.
“No nos gusta que nos tachen de arrogantes, porque algunos sí lo somos, pero es verdad que es en nuestras resoluciones en donde se sustenta la base de nuestra legitimación como jueces. Llevo 31 años en el Poder Judicial y empecé a los 19 años como intendente, esto es toda una carrera. Muchos de nosotros vivimos en el tribunal, entramos a las nueve de mañana y salimos a las nueve o 10 de la noche. Si tengo todo lo que tengo no es porque estuve en mi casa con mi familia. La gente no sabe todo lo que hemos hecho y todo lo que nos hemos preparado, y parece que ahora todo eso no importa, porque ahora se dice que un juez debe ser elegido por su popularidad”, mencionó.
