INCERTIDUMBRE EN LA INDUSTRIA FORMAL DE SEGURIDAD PRIVADA: URGE UNA LEY NACIONAL
Ciudad de México a 24 de junio de 2025.- “En México hay más de 10 mil empresas irregulares que contratan personal sin capacitación que portan armas, a veces de uso exclusivo del Ejército, sin los permisos debidos ni la fiscalización del Estado, frente a más de cinco mil empresas formales”, señaló Raúl Sapién Santos, Presidente Jurídico y de Relaciones Políticas del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Expresó que esto se deriva de que existe un vacío legal con más empresas de seguridad patito que formales, la incidencia de delitos seguirá aumentando y el peligro para los ciudadanos será latente, hasta que exista una ley general de seguridad privada que regule, fiscalice y supervise a los más de 500 mil guardias privados legales e ilegales que operan en México.
Alertó que las empresas que operan en la informalidad contraten elementos del crimen organizado: “Necesitamos una nueva ley para dotar a México de los instrumentos que supervisen la proliferación de estas empresas patito y se determinen sus obligaciones. Esas compañías deben informar a quiénes prestan servicio de escoltas y traslado de valores, a quién le están vendiendo vehículos blindados y si eso contribuye a prevenir el delito”.
Además, explicó que nuestro país carece de un registro nacional único de prestadores de servicios de seguridad privada y, obviamente, al carecer de ese registro y de una simetría jurídica entre lo que mandata una ley federal y las de carácter estatal, esto se convierte en oportunismo, donde las empresas regulares son más sancionadas que aquellas que trabajan en la oscuridad e ilegalidad.
«Esta competencia desleal representa un menoscabo patrimonial para el empresario formal. Todo esto podría evitarse si existiera una nueva ley en materia de seguridad privada. Desafortunadamente, es más sancionada la compañía que tiene un permiso que una que trabaja en la oscuridad. Es el mundo al revés», comentó Sapién Santos.
Añadió que quien trabaja en un mercado ilegal vulnera derechos laborales, no tiene un permiso y no paga impuestos, no paga seguro social; y como no es fiscalizable, como no es auditable ni está visible, pues sigue trabajando a lo largo de los años sin ninguna consecuencia.
«Cuando el de enfrente no tiene un permiso ni paga impuestos ni otras obligaciones y sigue trabajando sin ningún problema, la consecuencia puede ser catastrófica, como el cierre de la empresa formal», declaró Sapién Santos.
Para otorgar de certeza jurídica a la industria de seguridad privada, el CNSP propone la creación de una autorización y permiso únicos estipulados en una nueva ley que debe ser aprobada en la Cámara de Diputados.
