Para Marcela Turati el periodismo sobre derechos humanos es una especie de Comisión de la Verdad en tiempo real, su labor es aportar “pedacitos de verdad” que van a servir en el futuro, cuando la justicia sea posible. En esta labor son muy importantes las solicitudes de información hechas a través de las unidades de transparencia gubernamentales dependientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que su extinción afectará el ejercicio de este oficio.
Lo anterior fue dicho por la comunicadora durante el diálogo “Experiencias y aprendizajes periodísticos en la cobertura de violaciones a los derechos humanos”, que se llevó a cabo en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, y que fue moderado por la coordinadora de este programa académico, Giovana Ríos Godínez.
Como parte de la agenda legislativa del gobierno de la 4T se ha presentado el dictamen de aprobación de la extinción de siete entes autónomos, entre los que se encuentra el INAI, cuyas funciones serían trasladadas, en parte, a la Secretaría de la Función Pública, a los órganos internos de control del Poder Legislativo y Judicial, así como al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
“Todos nos hemos estado preguntando qué podemos hacer para frenar esto, tal vez republicar los reportajes que salieron gracias al INAI. Va a tener un impacto fortísimo, porque incluso desde este sexenio las entrevistas que antes nos daban en las secretarías ahora nos dicen que se las pidamos a la presidencia y que de ahí se instruye. Ya no dan conferencias de prensa los secretarios de estado para preguntarles los temas, todo es en la mañanera”, expresó.
Turati, quien es autora del libro-reportaje San Fernando: última parada (Aguilar, 2023), que retrata la masacre de San Fernando en Tamaulipas, cuando en 2010, un grupo de Los Zetas realizó la ejecución de 72 migrantes provenientes en su mayoría de Centro y Sudamérica, reveló que buena parte del expediente de este caso fue obtenida a través de una solicitud de transparencia, la cual tuvieron que pelear argumentando una violación grave a los derechos humanos que tenía que ser conocida por la sociedad.
A través del INAI también se pidió información para un reportaje de Quinto Elemento Lab, “El país de las 2 mil fosas”, en el que participó un equipo multitudinario que fue coordinado por la propia Turati; por Alejandra Guillén, periodista y académica del ITESO, y por los periodistas David Eads y Mago Torres. “(Sin el INAI) algo vamos a tener que inventar, volver a métodos que no utilizábamos, sí va a ser un golpe durísimo al periodismo de investigación, pero no creo que se vaya a terminar”, advierte.
Quien también cubrió el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguró que las diversas coberturas sobre estos temas sobre derechos humanos le han aportado un conocimiento importante sobre el funcionamiento de los mecanismos de justicia en México y sobre la impunidad imperante en muchos niveles de gobierno.
“Para mí, San Fernando muestra lo que pasa en muchos otros lugares, (permite) poder entender un poco la crisis forense, la violencia y las desapariciones de personas que estamos viviendo. Aprendí cómo operan las fiscalías, por qué nadie previno el crimen, qué hizo el presidente municipal, por qué los policías ayudaban a Los Zetas a bajar a las personas, por qué si había tantas denuncias, no pasó nada, y también cómo dentro de la PGR, la propia SEIDO (Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) se dedicaba a desaparecer cuerpos. En Ayotzinapa aprendí que el ejército inventa, que hay cortinas de humo, que pueden incluso inventar víctimas, de repente me llamaban a mi casa y me decían que fuera rápido al Semefo de Chilpancingo, que estaban ahí quemando a los normalistas”, explicó.
La cofundadora de la Red Periodistas de a Pie consideró que la formación del gremio en México ha quedado rebasada y que es necesario incluir en los planes de estudio protocolos seguridad, análisis de riesgo, así como herramientas psicoemocionales, porque el país ha cambiado y la violencia no parece ceder.
“Los periodistas en México sabemos que eso pasa, que es parte de los gajes del oficio, de alguna manera estamos curtidos, pero estos años han sido importantes para pensar otros abordajes, crear redes de cuidado y acompañamiento. (…) Todo el tiempo sientes que te equivocaste, que no hiciste los suficiente, que pusiste en peligro a alguien, entonces cargas con muchas culpas. Tampoco hay que apagar el switch del miedo, no tenemos que acostumbrarnos a las amenazas, hay que estar conectados con el miedo, porque el miedo avisa y te protege muchas veces”, opinó.
Finalmente, como una vía de cambio consideró necesario abrir caminos de esperanza haciendo periodismo de lo posible o de soluciones, es decir, contar desde otros ángulos la información, descubrir lo que la gente pudo hacer para salir adelante y no solo quedarse en los impactos.
Por la defensa pacífica de los derechos humanos
La existencia de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, la cual, luego de 10 años de existencia, cuenta con más de 115 egresados, permite formar desde una perspectiva ignaciana a los especialistas que se requieren para atender estas situaciones que lastiman a la sociedad, expresó durante la celebración del posgrado Alexander Zatyrka Pacheco, SJ, rector del ITESO.
“Formamos personas con capacidad de discernimiento, apasionadas, solidarias y comprometidas, con un profundo sentido ético y de búsqueda de la justicia. Esta maestría busca aportar a la sociedad gente capaz de aplicar sus conocimientos, experiencia y creatividad para ayudar a las personas, incluso a comunidades enteras, a defender sus derechos, así como a solucionar sus conflictos sin recurrir a la violencia”, declaró.
Durante la inauguración del evento estuvieron presentes la directora general académica del ITESO, Catalina Morfín López; el director de Investigación y Posgrado, Bernardo Masini Aguilera; Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, al cual está adscrita la maestría, y la coordinadora de esta, Giovana Ríos Godínez, quien dijo que este programa no solo representa un espacio académico, sino que es un faro de esperanza y un compromiso con la justicia social en un mundo lacerado por la violencia.