Finaliza el análisis de la glosa del V Informe de Gobierno
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Mérida, Yucatán, 15 de febrero de 2018.- Privilegiando la flexibilidad para su estudio, los integrantes de la LXI Legislatura concluyeron con el análisis de la glosa del V Informe de Gobierno, al discutir los temas Desarrollo Económico y Territorial, así como el de Gobierno, Seguridad y Estado de Derecho.
“Los diputados pudimos acceder al análisis más flexible que ha tenido una glosa del Informe de Gobierno, que aunque fue prolongada por las comparecencias, los representantes de todas las fuerzas políticas se comprometieron a desmenuzar y aclarar dudas de todos los temas”, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez (PRI).
Durante la sesión plenaria de este jueves, los diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza y PVEM aprobaron por mayoría el dictamen para autorizar al Poder Ejecutivo temas relacionados con ingresos y derechos correspondientes al Fondo General de Participaciones para garantizar de manera contingente las obligaciones de pago que se deriven del Fideicomiso que se constituya en garantía de créditos otorgados a los trabajadores derechohabientes, jubilados y pensionados del Isstey.
Al discutir la Glosa del V Informe de Gobierno, Celia Rivas resaltó que el reto del actual gobierno estatal no ha sido que el Estado sea seguro, sino mantener esos niveles de seguridad que han sido referentes a nivel nacional “aunque a algunos les moleste, disguste o incomode”, porque eso es algo que ha beneficiado a todos los yucatecos».
“Como ex Fiscal General del Estado, puedo decir que mantener la seguridad no es un tema sencillo, se requiere la mayor coordinación entre las diferentes instituciones: la policía, estatal, municipal, federal, la misma Fiscalía, el Ejército, la Marina para contar con algo que no se da en otros estados y está a la vista de todos los yucatecos”, enfatizó.
«En otro tema y también en tribuna, Elías Lixa Abimerhi indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ( ENVIPE) ha crecido entre los ciudadanos la preocupación de la seguridad y se ha registrado una reducción importante de las denuncias, así como la elaboración de carpetas de investigación, en particular en lo que respecta a la Fiscalía General del Estado, por lo que lamentó que no se le diera una respuesta concreta sobre el tema durante la comparecencia de funcionarios.
En el mismo tema, Moises Rodríguez Briceño (PAN) señaló que su fracción siempre ha dicho que la seguridad no es propiedad de nadie, de ningún gobierno o partido político, sino de todos los yucatecos y aunque se puede medir en números, más allá de indicadores, “allá afuera en el día a día, en la calle, los municipios, el campo, la costa y en los hogares, es dónde verdaderamente se mide realmente si hay o no seguridad”.
Abordando el tema de Gobierno y Estado de Derecho, Daniel Granja Peniche (PRI) informó que Yucatán cuenta con un nuevo modelo de gestión pública que contempla la implementación de nuevos sistemas de calidad, transparencia de información, planeación estratégica, presupuesto basado en resultados, armonización contable, evaluación de desempeño y otros instrumentos.
En su turno, Jazmín Villanueva Moo (Morena) añadió que los ciudadanos merecen un informe puntual de qué y cómo se ha gastado cada peso de los empréstitos hasta ahora solicitados y por otro lado, las mujeres yucatecas pugnan porque se realicen estrategias efectivas en contra de la violencia de género, “no de papel, ni de discursos ni de pláticas, sino de resultados”.
Además, consideró que es urgente que se revisen todos y cada uno de los proyectos en materia económica y territorial, ya que por una parte existe un gran porcentaje de la población que no está considerada en el momento de la toma de decisiones de gran magnitud.
Ya en el tema de Desarrollo Económico, Enrique Febles Bauzá (PVEM) indicó que con este análisis también concluye la labor de la LXI Legislatura en cuanto a los informes de gobierno “pero nuestro trabajo no termina aquí, continuaremos reforzando las leyes que Yucatán necesita para seguir dando buenos resultados”.
De la misma manera, reconoció que en Yucatán se está construyendo una economía sustentable con la generación de fuentes de energía limpia, empresas extranjeras con compromiso con los yucatecos, espacios para que los jóvenes emprendan, donde prevalece la seguridad e imagen que caracteriza y atrae a visitantes nacionales y extranjeros.
Haciendo lo propio, David Barrera Zavala (Nueva Alianza) expresó que el estado cuenta hoy con entornos que fomentan la inversión productiva, que facilita la apertura de empresas, pero es necesario generar verdaderos espacios con los ambientes adecuados fundamentales para detonar el crecimiento y abatir al sector informal y al desempleo, así como atraer a la entidad fuertes inversiones industriales y comerciales.
También en la máxima tribuna, Rafael Montalvo Mata (PAN) manifestó que falta mucho para un verdadero crecimiento y desarrollo económico en Yucatán, porque no ha sido suficiente para hacer frente a la desigualdad y pobreza que existe, para lo que expresó que esperan un cambio ponto en esta materia para mejores condiciones de vida para los yucatecos.
Para finalizar la primera ronda del tema, María Ester Alonzo Morales (PRI) afirmó que el informe de gobierno habla de un entendimiento cabal de la situación del Estado, de una capacidad de planeación profesional, de liderazgo y decisión para alcanzar las metas trazadas, por lo que en el último tramo se encuentra el camino correcto para contar con un Yucatán próspero e incluyente, seguro, con crecimiento y desarrollo económico.
De la misma forma, Pedro Chí Canul (PRI) subrayó que para la construcción de un Yucatán con crecimiento ordenado, se debe fomentar aún más la modernización y conectividad urbana, en especial en el sector carretero, para lograr la vinculación económica entre las regiones y el fortalecimiento de las actividades logísticas de la entidad, que permitirá una distribución más justa de la riqueza.
Sobre el dictamen referente al Isstey, Jesús Quintal Ic (PRI) explicó que coadyuva al cabal cumplimiento de lo que establece la Ley del Instituto, porque al afectar el Fondo General, el Gobierno del Estado asegura otorgar créditos cuando el derechohabiente lo necesite, así como su pensión o jubilación, además de la implementación de un programa de créditos optativos a plazos, con descuento en nómina, como una innovación.
“En este sentido, el mantener esos créditos optativos, reducir las tasas de interés y extender los plazos que se otorgan para su pago, demanda del ISSTEY una nueva base de garantías que asegure el pago puntual de dichos créditos”, recalcó.
Por el contrario, Jazmín Villanueva declaró que de ninguna manera su representación está en contra que los derechohabientes tengan mayores beneficios, pero dijo que es insuficiente el tiempo para la valoración y alcance del Fondo General, para vigilar que no se comprometan los recursos públicos.
En respuesta, Marbellino Burgos Narváez indicó que “una cosa es decir que estamos del lado de los trabajadores y otra cosa es hacer que estamos del lado de los trabajadores”, al mismo tiempo que mencionó que existió el tiempo necesario para hacer propuestas si existía inconformidad con la iniciativa, aunque agregó que es importante destacar la ruta que ha seguido la LXI Legislatura para fortalecer y blindar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.
“De este decreto, puntualizamos que se garantiza que ningún descuento que se haga al trabajador no llegue a las finanzas públicas del Estado, es una garantía colateral, porque cuando el Ejecutivo no pueda aportar se utilizará el Fideicomiso con un monto límite de hasta dos mil millones de pesos hasta por un plazo de 20 años”, reiteró.
En otro punto, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública un oficio del juzgado quinto de distrito en el Estado, del juicio de amparo 340/2016; y para finalizar, se aprobó realizar la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 22 de febrero del año en curso a las 11 de la mañana.
Zona Económica Especial
En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen para otorgar el consentimiento para que los bienes inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación que formen parte de la Zona Económica Especial de Progreso, queden exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes federales.
Rivas Rodríguez, detalló que tiene el propósito de cumplir cabalmente con los fines de dichas zonas, como son crear las condiciones para el crecimiento y desarrollo económico que nos permitan avanzar en la disminución de las brechas sociales de la región.
“De igual manera se pretende impulsar una mejor redistribución de la riqueza en aras de disminuir la brecha de la desigualdad en la región y transitar a un modelo económico especial donde se privilegien las relaciones productivas, el comercio, la manufactura, entre otras”, recalcó.
