FAU presenta denuncia ante el Indaabin por uso ilegal y discrecional de inmuebles del SME
Ex secretarios generales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Rosendo Flores Flores, y ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) pidieron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) investigue el uso discrecional e ilegal de 50 inmuebles y 14 plantas de generación eléctrica, a través de los cuales la dirigencia de Martín Esparza, ha hecho negocios y obtenido recursos millonarios.
Rosendo Flores Flores, ex secretario General del SME y director Colegiado del Frente Amplio de Unidad (FAU) “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.; Ramón Pacheco Llanes, presidente del FAU; Mario Benítez, comisionado de prensa del FAU, puntualizaron que las instalaciones, entre terrenos y edificios, fueron entregadas en octubre del 2013 al SME en comodato, mediante un memorándum de entendimiento, y en el que se establece la prohibición de utilizarlos con fines de lucro.
“Queremos que Indaabin se meta a fondo, ahonde en las investigaciones e informe el uso que se le está dando a las propiedades. Exigimos que deje de tener manos libres Martín Esparza, porque hace lo que quiere con los inmuebles, tanto con los que se han cedido, como las que son propias del SME. En ambos casos, este hombre no rinde cuentas y hace lo que quiere”, planteó Rosendo Flores.
Pacheco Llanes detalló que entre los inmuebles que pertenecen al SME está la sede de Nuevo Necaxa, Puebla, donde hace unos días se dio a conocer el “huachicoleo” de energía eléctrica. Recordó que elementos del Ejército y la Marina acudieron al lugar con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para desarticular las instalaciones donde había una granja de criptomonedas, alimentadas mediante el robo de luz.
En un mitin, afirmó que además de esta propiedad, el FAU ha documentado otros casos similares: en el Estado de México hay un inmueble utilizado también para el robo de energía eléctrica y alimentar otra granja de criptomonedas, y en otras entidades hay instalaciones que son empleadas como estacionamientos, renta de terrenos a empresas e, incluso, como terminales de autobuses.
De cada uno de estos casos, sostuvo, se cuenta con la documentación que acredita el uso indebido de los inmuebles nacionales, tanto documental que han recopilado como testimonios, y todo ello se entregará al Indaabin para que ahonde en las indagatorias y de proceder, retire a la cúpula sindical de Martín Esparza el patrimonio que es de la Nación.
“Queremos llamar la atención de la autoridad porque los bienes no fueron cedidos sin condición; al contrario, hay una ley que regula el uso de estas propiedades, y pues nunca nadie ha volteado a ver qué cómo Martín Esparza sigue enriqueciéndose. Por ello el FAU va a actuar en esta ocasión con la ley en la mano y pedir que se investigue con profundidad”, subrayó.
A las afueras de la sede del Indaabin, al sur de la Ciudad de México, cientos de ex trabajadores de LyFC manifestaron su respaldo a la dirigencia del FAU, ya que externaron su inconformidad porque mientras algunos de ellos reciben 5 mil pesos al año como supuestos dividendos, la dirigencia de Martín Esparza recibe miles de millones de pesos.
Para ilustrar lo anterior, Ramón Pacheco destacó una termoeléctrica que fue entregada a Generadora Fénix, empresa formada por el SME y la trasnacional portuguesa Mota-Engil. Esta planta suministra energía eléctrica a una región de Puebla, y tan solo en 2023 la dirigencia de Martín Esparza obtuvo 15 mil millones de pesos, mientras entre los trabajadores de LyFC repartieron apenas 450 millones de pesos.
Refirió que tras la liquidación de LyFC en 2009 más de 16 mil electricistas quedaron en el desempleo y la mayoría de ellos sigue en esa situación, pues únicamente alrededor de 600 ex trabajadores tienen actualmente un puesto.
Al recordar que en otras ocasiones se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera, Mario Benítez apuntó que este caso se suma a la red de corrupción que le ha permitido a Marín Esparza enriquecerse de manera ilícita, mediante la creación de al menos 40 empresas, de las cuales los principales accionistas son su familia y su círculo cercano.
Una comisión de siete representantes del FAU, encabezada por Rosendo Flores, Ramón Pacheco y Mario Benítez, fue recibida por el presidente del INDAABIN, Pablo Israel Escalona Almeraya, quien se comprometió a revisar las pruebas aportadas respecto a 28 propiedades e investigar el uso del total de los bienes.