Exhorta Verónica Camino Farjat a transparentar manejo de recursos

CDMX, 21 de junio del 2020.- Con la finalidad de dotar de transparencia al manejo y aplicación de sus recursos, la Senadora por Yucatán, Verónica Camino Farjat, presentó dos puntos de acuerdo para que se realicen exhortos a la Sedatu, la SHCP y la Conavim.

Ante la Comisión Permanente del Senado de la República, la legisladora federal presentó, en la última sesión, un primer punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a realizar la auditoría sobre el destino y aplicación de los 300 millones de pesos asignados a Yucatán mediante el Programa de Vivienda Social.

Señaló que es necesario conocer el estado en el que se encuentran las viviendas entregadas bajo dicho Programa, el cual fue aprobado el pasado 15 de junio, mediante un convenio de colaboración entre la Sedatu a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y el Gobierno del estado de Yucatán con el Instituto de Vivienda estatal (IVEY), el pasado 15 de junio.

La legisladora federal indicó que es necesario revisar los criterios de aplicación selectiva utilizados para la asignación de los recursos por parte del Gobierno de Yucatán. Este convenio contempla la erogación de 900 millones de pesos para la entidad, 300 de los cuales, provienen de recursos del Gobierno federal.

Esto deriva del resultado de las verificaciones que realizaron estancias federales en Yucatán, sobre las viviendas dañadas tras el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, ya que entre las casas afectadas se encontraron algunas recién entregadas por el gobernador del Estado, y que fueron edificadas con recursos del Programa.

En las mismas verificaciones, se encontró que algunas de estas viviendas no reúnen los requisitos mínimos para ser consideradas dignas y decorosas, es decir, se entregaron sin acabados, con ventanas sin sellar y, según testimonios de la ciudadanía, con la presencia de goteras que se hicieron evidentes durante las intensas lluvias que provocaron ambos meteoros.

Camino Farjat recordó que, tras el impacto que han sufrido las familias yucatecas ocasionado por esos desastres naturales, y aunado a los problemas económicos y sociales derivados de la COVID-19, el gobierno del Estado de Yucatán ha entregado materiales de construcción y recursos para la reparación de viviendas, utilizando el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), aprobado por el Gobierno federal, en beneficio de 75 municipios afectados.

“En un comunicado emitido el pasado 26 de junio, manifesté mi interés y particular atención sobre la administración de estos recursos, ya que, al mantenerme en comunicación con diversas autoridades federales y municipales para conocer los avances de la aplicación del FONDEN, he podido conocer distintas declaraciones de funcionarios, que no necesariamente reflejan lo que en realidad sucede en Yucatán”, explicó.

Calificó como una preocupación latente que los recursos del Fondo sean utilizados de forma errónea en su implementación, lo que afectaría la transparencia de su aplicación, además de ocasionar que las personas que los necesitan, no puedan acceder a los mismos o que, al hacerlo, se les induzca la percepción equivocada de su procedencia.

“Al tratarse del componente de vivienda, la administración de los recursos obtenidos puede volverse engañosa, por lo que es de primera necesidad mantener presente el factor de la transparencia en su manejo para evitar el mal uso o tergiversación de su naturaleza, con fines políticos y proselitistas”, profundizó.

Recortes a programas para el combate a la violencia contra las mujeres

El segundo punto de acuerdo contempla exhortos al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a proporcionar los argumentos y fundamentos por los que recortó el presupuesto autorizado para los programas de erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas; y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que especifique el calendario de entrega de los recursos para las autoridades estatales y a los proyectos previamente aprobados en el tema.

La Senadora recordó que para el 2020, se contempló en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, la realización de dos programas: el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), y el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM). Sin embargo, se tomó la decisión de recortar los recursos en diversas entidades y en otras, de cancelarlos por completo, bajo el concepto de ajustes presupuestales, esto, sin justificación, criterios o explicaciones claras.

“Existen demasiadas inconsistencias sobre el reparto de recursos y el recorte de los mismos, sin embargo, es de notarse que la violencia contra la mujer ha sido persistente y no ha cedido; tan es así, que la atención a este tipo de violencia, se ha convertido en un tema primordial dentro de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, por lo que es de vital importancia tener medidas y recursos que estén al nivel de la problemática”, expresó.

Camino Farjat destacó que en 21 estados se encuentra activa la alerta de violencia de género contra las mujeres, es decir, más de la mitad de las entidades federativas han decretado dicho mecanismo para tomar acciones urgentes en contra de los feminicidios y agresiones contra las mujeres y niñas.

Puntualizó que para enfrentar esta lucha, que abarca temas de igualdad de género, combate a la violencia contra las mujeres, programas especializados y salud reproductiva, se destinó menos del 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación, a pesar de que más de la mitad de la población en México, se compone por mujeres.

En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que podría realizar un recorte presupuestal a programas del INMUJERES en materia de educación y perspectiva de género, bajo el argumento de la necesidad de obtener más recursos como consecuencia de la contingencia por Covid-19. El 15 de julio se publicó la aprobación de un recorte presupuestal del 75% al INMUJERES, que afecta, sin duda, a los programas previamente referidos.