Estoy convencida que podemos hacer algo para que las iniciativas, por ley y de manera obligatoria, tengan que ser turnadas y resueltas al pleno por las legislaturas siguientes: Fabiola Loeza

Solicité el uso de la voz en este día para presentar una reforma a la Ley del Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento que considero modernizará lo relativo a las iniciativas que las y los legisladores presentan como parte de sus funciones parlamentarias.

Todos aquí estamos de acuerdo que la proyección de cambios y modificaciones a la normatividad exige un estudio, análisis y, sobre todo, propuestas que nacen de problemáticas sociales.

Muchas de las modificaciones que se presentan en las legislaturas son producto del contacto de los diputados con personas o agrupaciones que nos transmiten importantes temáticas para mejorar aspectos específicos en la letra de la ley.

En lo personal, considero que las aportaciones de cada uno de nosotros tienen un valor intrínseco que va más allá de hacer simples cambios a un artículo o a solo crear normas…

Me refiero a que la presentación de iniciativas supone no solo ese arduo estudio, sino toda una intención legítima por cambiar las cosas en beneficio de todas y todos. Esa debe ser la finalidad que estamos obligados a perseguir.

Hace algunos años, específicamente durante la Sexagésima Primera legislatura, el tema de la denominada “congeladora legislativa” causó un gran debate.

Parte de los argumentos vertidos, según datos del diario de los debates, fueron la productividad de la legislatura, el número de iniciativas presentadas por fracción o representación versus el porcentaje de efectividad en la aprobación.

Asimismo, se hicieron manifestaciones respecto a la voluntad política de las mayorías para hacer suyas las iniciativas de las minorías. En otras palabras, se habló de avanzar a una mayor productividad y eficiencia; pero que ese avance no fuera solo para las iniciativas del partido mayoritario.

De igual manera, un punto medular en los debates alrededor de este esencial tema fue la exigencia que la ciudadanía yucateca espera, exige y demanda de sus diputadas y diputados.

Sin temor a equivocarme, estoy segura de que todas y todos compartimos ese mismo pensamiento; pero también es válido afirmar que más allá de documentos, cuadros comparativos y cambios a las letras, debemos optar siempre por reconocer el ánimo por dar pasos legislativos que hagan a la legislatura la más moderna e incluyente.

Ahora bien, valdría la pena preguntarnos cuántas buenas y nobles iniciativas han quedado olvidadas al paso de las legislaturas; cuántos temas que hoy aún son pendientes legislativos siguen siendo pendientes…

Por nombrar algunos, está la reforma a las placas permanentes para evitar que la ciudadanía pague en exceso por el canje de placas; la derogación del impuesto cedular para quienes fomenten la creación de empresas; y en general aquellas que fortalecen derechos humanos de mujeres, de los maya hablantes y en materia de salud.

Esta legislatura tiene grandes pendientes en materia de salud mental, suicidio, despenalización del aborto, agua, salud y en la agilización de las adopciones. Estamos entrando a la recta final de la Sexagésima Tercera Legislatura, y me temo esos temas quedarán en el anecdotario.

Por eso, hoy la de la voz está convencida que podemos hacer algo para que las iniciativas, por ley y de manera obligatoria, tengan que ser turnadas y resueltas al pleno por las legislaturas siguientes.

Para ello, la reforma que propongo impacta en los artículos 17 bis y 47 Bis de la Ley de Gobierno para crear las iniciativas preferentes las cuales deberán resolverse por la legislatura en el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la legislatura que se trate.

También se propone mayor celeridad para la distribución de las iniciativas en comisiones, pasando de 60 días hábiles a 20 días hábiles, con esto se acortarán los tiempos para empezar el estudio y análisis de esas iniciativas que semana tras semana se turnan por la presidencia.

Aunado a lo anterior, se solicita que se pase de 45 días hábiles a días naturales para que las comisiones emitan sus dictámenes; esto en la práctica no afecta, ya que hemos visto cómo los dictámenes en varias ocasiones se dictaminan en 3 sesiones de comisión o en menos.

Asimismo, por eficiencia legislativa, se propone derogar el artículo 69 BIS del reglamento de la Ley, ya que el desuso del plazo de envío del contenido de las iniciativas a todos los integrantes de la legislatura se subsana con la publicación de las iniciativas en la gaceta legislativa.

Como vemos, estos cambios en su conjunto tienen la finalidad de evitar que la congeladora legislativa reviva, de ahí que se mantenga un trabajo legislativo productivo, serio y profesional que permita una modernización legislativa que trascienda incluso más allá de esta legislatura.

Este es un cambio que pretende impulsar y abonar a contar con un Congreso sin barreras y que erradique añejas prácticas en la vida parlamentaria.

Finalizo diciendo que la grandeza se demuestra cuando las mayorías recuerdan lo que era ser minoría y se avocan a corregir desigualdades del pasado.