Es necesario que frenemos la violencia familiar y elevar la sanción para quienes dañen y priven de la vida a una mujer: Karla Franco Blanco

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA.

Solicité el uso de la voz para hablar a favor del dictamen que se pone a consideración en estos momentos.

Previo a referirme a su contenido e importancia, quiero expresar una frase que debe y tiene que ser escuchada desde esta máxima tribuna:

«No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, Quiero sentirme libre».

Esta frase ha sido replicada en muchas personas que están ya cansadas de leer y enterarse de que una mujer más ha sido golpeada, vejada o le ha sido arrebatada la vida.

Dicha frase, reúne los ideales y anhelos surgidos de un gran reclamo hecho por millones de mujeres en México… eso es lo que motivó a la Fracción del PRI a impulsar esta reforma.

No podemos permanecer inertes ante estos hechos que causan indignación y repudio generalizado…

Como mujeres y diputadas, tampoco podemos estar satisfechas hasta que ese reclamo de libertad sea una realidad en todos los ámbitos de la sociedad…

Tenemos un objetivo claro; garantizar mejores condiciones de seguridad y elevar la sanción para quienes dañen y priven de la vida a una mujer.

Con base a lo anterior, son por todos y todas conocidas las alarmantes cifras de agresiones hacia las mujeres.

El dictamen de reforma es revelador, los datos en el expresados nos dicen que la violencia a la mujer se inicia casi siempre desde el noviazgo y continúa hasta el matrimonio… e incluso después de terminada la relación…

Este fenómeno, somete a la mujer a abusos físicos, patrimoniales, emocionales, psicológicos y sexuales.

Más preocupante es que prácticamente todas las mujeres, en alguna etapa de nuestra vida, hemos manifestado haber vivido violencia de algún tipo…

Como vemos, es una delicada situación la que se vive y se sufre… ahora agreguemos la condición de una mujer embarazada que es víctima de violencia.

Es nuestra obligación generar medidas normativas que no solo disuadan la comisión de delitos contra de las mujeres, sino que, además, las consecuencias de cometerlos tengan una sanción ejemplar.

En tal sentido, la reforma propone aumentar la pena para el delito de violencia familiar, pasando de una mínima de 2 a 3 años y de una máxima de 7 a 8 años…

La medida guarda congruencia y es racional respecto al bien jurídico protegido; es decir, la sanción es proporcional al interés público que representa la salvaguarda e integridad de las personas…

De igual manera, se incluye como agravante que, si este delito se comete en agravio de una mujer embarazada o hasta los 6 meses posteriores al parto, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras partes más de la pena máxima…

De ahí que, de aprobarse la modificación, los jueces penales podrán imponer condenas de más de 12 años en tal supuesto…

Es necesario que frenemos la violencia familiar; es menester poner en marcha herramientas legales como ésta para garantizar que no haya impunidad…

El objetivo es claro, que aquél que atente contra la vida e integridad de nosotras las mujeres lo pague con más años de cárcel…

Esto, atendiendo a que tristemente los delitos más graves como el feminicidio, muchas veces, tienen como punto de partida indicios de violencia familiar.

Por ello es imprescindible parar a los agresores desde lo menos para prevenir lo más.

Ahora bien, la reforma también impacta al tipo penal del feminicidio para considerar que, la condición del embarazo de la víctima pueda acreditarse por las autoridades como una agresión por razones de género.

Hay que recordar que la OMS, a través de sus estudios, nos hablan de que las mujeres embarazadas tienen un elevado riesgo de ser víctimas de feminicidio por parte de sus parejas… así como que el 50% de éstas, la primera vez que son golpeadas, lo sufrieron precisamente durante su embarazo.

Basados en lo anterior, esta adición se asume toral pues no se contemplaba, y a través de esta, estamos fortaleciendo la seguridad para poder aplicar la penalidad del citado ilícito cuando se prive de la vida a una mujer en estado de gravidez.

Asimismo, incorporamos que cuando la víctima sobreviva, pero no así su bebé, o éste resulte con afectaciones derivado de un parto prematuro consecuencia de la agresión, se imponga al imputado la sanción por tentativa de feminicidio; es decir, se le podrá imponer como mínimo una tercera parte del mínimo o hasta dos terceras partes del máximo de años de prisión.

Es decir, por la tentativa se podría imponer desde 10 años hasta poco más de 30 años; ello sin considerar alguna agravante o más conductas delictivas.

Amigas y amigos legisladores:

Bajo este contexto, la reforma a la ley penal se presume impostergable; se necesitan actualizar las penas.

Las modificaciones a estos dos tipos penales endurecen, elevan las sanciones y contemplan acciones sancionatorias cuando se cometan en agravio de mujeres embarazadas.

Es necesario reencauzar la política criminal para sancionar de manera contundente a los agresores…

Ya que una mujer embarazada, requiere mayores cuidados y se encuentra vulnerable tanto física como emocionalmente…

Porque es en esta etapa de la vida de la mujer en la que necesitan de mayor protección y cuidado.

Por tal motivo, de aprobarse, estaremos enérgica e institucionalmente expresando que tenemos cero tolerancias hacia cualquier tipo de violencia a la mujer.

Estoy cierta al reconocer el significativo avance Legislativo que representa esta modificación para Yucatán y para México en general…

Tal como dije al inicio, las mujeres somos valientes, eso no está en duda, pero no es necesario serlo cuando, en libertad, nos abrimos paso sin miedos ni temores…

Lo hemos dicho, queremos que las Yucatecas vivan en paz, sin violencia y en igualdad de oportunidades, y es nuestra obligación, como diputadas y diputados, seguir fortaleciendo la legislación, con la intención de contrarrestar la violencia y los efectos nocivos de la misma.

El dictamen de la iniciativa que se somete a nuestra consideración no es solo de una fracción, sino de 13 diputadas y diputados que se adhirieron a la propuesta de la fracción del PRI, conscientes, que requerimos consolidar la transformación de la cultura de la no violencia en contra de la mujer, y que ésta, solo es posible, si miramos con perspectiva de género historias de mujeres cansadas, unas que gritan y otras que lloran por haber sido violentadas.

Con ello, demostramos la fortaleza como poder legislativo y la madurez política para hacer frente a la violencia de género que prevalece en sus diferentes tipos, y ámbitos en Yucatán.

Celebro que, en la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, más allá de una discusión, se haya deliberado con propuestas de cada uno de sus integrantes y que culminó con la aprobación unánime del dictamen.

El día de hoy, invito a las fracciones y representaciones legislativas, que integramos este H. Congreso del Estado a unirnos una vez más, en un voto unánime, y en el marco de Celebración del día de la Madre, reconocer su labor y protegerlas, cumpliendo con el mandato de la Convención de Belém Do Pará de sancionar la violencia de género.

El ambiente de paz que se vive en Yucatán no debe diferenciar estatus, edad, lugar donde nos encontremos, ni mucho menos género, sino que debe garantizar una vida libre de violencia para todas.

 

¡NI UNA MÁS! ¡NI UNA MENOS!