En punto de acuerdo Congreso del Estado de Yucatán, solicita investigar al ex Fiscal General del Estado por posibles hechos de corrupción

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Los suscritos, integrantes de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura Local, con fundamento en los artículos 22 fracción VII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 82 fracción VI y 84 del Reglamento de la Ley de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, nos permitimos proponer al Pleno de ésta Soberanía un Punto de Acuerdo, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, en nuestro estado se han realizado importantes cambios cualitativos en su marco jurídico, cambios de fondo que dieron pauta para contar con un modelo de justicia penal moderno, expedito, eficaz, transparente y respetuoso de los derechos humanos al impulsar el mejoramiento de la capacidad, ética y calidad en el desempeño de los servidores públicos, por medio de la profesionalización.

Derivado de lo anterior reviste de particular importancia las reformas para transformar a la Fiscalía General del Estado en una institución sólida y profundamente comprometida con el ejercicio de sus atribuciones.

El objetivo ha sido siempre proporcionar a la ciudadanía una mayor confianza en la administración de justicia y observar los resultados con mayor celeridad y profesionalismo.

Por tal razón, el trabajo que ejecuta la Fiscalía General del Estado es fundamental para que Yucatán mantenga sus índices de seguridad y confianza en sus órganos de justicia, siendo una prioridad que nuestras instituciones cuenten con servidores públicos competentes, profesionales, responsables y comprometidos en el ejercicio de su función.

De ahí, que una de las funciones de esta soberanía, es vigilar que los servidores públicos que tengan a su cargo las instituciones públicas, se conduzcan con total apego a la ley, y más cuando se trata de la administración y procuración de justicia.

En ese tenor, las diputadas y diputados de la presente legislatura, tuvimos la encomienda constitucional de designar, dentro de una terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, al Fiscal General del Estado; por lo que en sesión del Pleno de fecha 30 de octubre de 2018 consideramos al ciudadano Wilberth Antonio Cetina Arjona para ese cargo.

Cabe señalar que en aquel momento, su designación partió de un minucioso procedimiento donde todos los sectores pudieron participar, precisamente para que la elección a efectuar no solo se revistiera de legalidad, sino de legitimidad.

Ahora bien, dos años después de su designación, el pasado martes 3 de noviembre del año en curso, el gobierno estatal dio a conocer la renuncia del Fiscal General del Estado por motivos personales. Posteriormente, tras su salida del cargo, nos fuimos enterando de una serie de señalamientos respecto a su desempeño al frente de dicha institución, la cual ha generado una incertidumbre colectiva, dejando empañada su labor al frente de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, los medios de comunicación escritos y electrónicos han dado cuenta de la existencia de archivos de audio donde al ahora ex fiscal general, presuntamente, se le escucha hablar del poder que tuvo para controlar a las instituciones del Estado, así como a los jueces y favorecer intereses de particulares, es decir, aprovecharse del cargo para obtener beneficios personales a través de los mecanismos legales de la dependencia a su cargo que incluso litigaba y asesoraba personalmente a una de las partes en sus oficinas particulares.

Como se aprecia, es lamentable el nivel de imprudencia demostrado por el ex fiscal general, ya que sus presuntas acciones, ponen en peligro la estabilidad social y administrativa de las investigaciones que realiza dicha institución en todo el estado.

Por tanto, y ante un hecho notorio y público, esta soberanía no puede permanecer impávida, si no por el contrario, debemos impulsar la acción estatal para que inicien los procedimientos correspondientes y que se deslinden las responsabilidades a las que haya lugar, ya que hasta la presente fecha y hasta donde sabemos, el Poder Ejecutivo del Estado no ha realizado ninguna acción al respecto; todo se ha reducido a diversas publicaciones y notas periodísticas sobre la conducta del ex Fiscal General del Estado y de otros funcionarios de alto nivel del gobierno estatal, conductas que de ser ciertas, podrían constituir responsabilidades políticas, administrativas e inclusive, hasta penales. Por consiguiente, ahí están los hechos de una probable corrupción denunciados ante los medios de comunicación, mismos pueden actualizar conductas tipificadas dentro de la legislación de responsabilidades administrativas y penales de nuestro Estado, las cuales pudieran ser perseguidas de manera oficiosa.

En tal contexto, y como he mencionado previamente, este Congreso no puede quedarse estático ante situaciones que vulneran a las instituciones de justicia en la entidad, por lo que es necesario que las instancias investigadoras se alleguen directamente los hechos e indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del Fiscal General del Estado, así como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias que ha provocado un cisma público en donde el actual gobierno estatal ha quedado en total silencio.

Bajo estos términos, esta soberanía con base a los antecedentes anteriormente citados debe tomar parte a través de los medios legislativos que nuestra normatividad contempla, con finalidad de poner en conocimiento de la autoridad competente conductas que pueden constituir hechos delictuosos cometidos por uno o varios servidores públicos, tal y como se desprende simplemente al escuchar los audios hechos públicos y leer las diversas publicaciones impresas y electrónicas de la entidad.

En ese orden de ideas, solicitemos la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, como organismo autónomo, así como de la Secretaría de la Contraloría General del Estado para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales respectivamente, inicien las investigaciones correspondientes en el presente caso, para deslindar las responsabilidades de aquellos funcionarios, servidores públicos y particulares involucrados en los hechos en cuestión.

Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 30 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 22 fracción VII, 33 y 34 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 82 fracción V y 84 del Reglamento de la Ley de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, nos permitimos proponer el siguiente punto de:

 A C U E R D O.
ARTÍCULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado de Yucatán, en pleno respeto a la autonomía constitucional, solicita al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, proceda a realizar las investigaciones que sean necesarias, indagar y dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Honorable Congreso del Estado de Yucatán, en pleno respeto a la división de poderes, solicita a la titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, proceda investigar por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las conductas señaladas y atribuidas al ex Fiscal General del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.

ARTÍCULO TRANSITORIOS.

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Yucatán.

Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán y a la titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán para los efectos legales que correspondan.

En este sentido, por su obvia y urgente resolución, solicitamos la dispensa del trámite de segunda lectura en una sesión posterior, y sea discutida y votada en estos momentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

Protestamos lo necesario en la Ciudad de Mérida, Yucatán a los 11 días del mes de noviembre de 2020.

Dip. Felipe Cervera Hernández. Dip. Karla Reyna Franco Blanco.	Dip.  Warnel May Escobar.
Dip. Lizzete Janice Escobedo Salazar. Dip. Mirthea del Rosario Arjona Martín.	Dip. María Teresa Moisés Escalante. Dip. Lila Rosa Frías Castillo.
Dip. Marcos Nicolás Rodríguez Ruz.	Dip. Luis Enrique Borjas Romero.
Dip. Martín Enrique Castillo Ruz.

“Esta hoja de firmas pertenece al Punto de Acuerdo por el que se da vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán por hechos posiblemente”.