Dicha propuesta prevé que el presidente de la República pueda ser acusado por traición a la Patria, hechos de corrupción y cualquier violación la Carta Magna.
El Senador Daniel Ávila Ruiz se unió a la iniciativa presentada por cinco senadores del Partido Acción Nacional (PAN) a fin de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el presidente de la República pueda ser sujeto de juicio político, ampliar la temporalidad en la que alcance a ser juzgado por delitos cometidos durante su mandato, así como disposiciones para el procedimiento del juicio realizado por el Poder Legislativo.
La iniciativa presentada por los legisladores de la Cámara alta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, María Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, propone modificar los artículos 108, 110 y 111; así como derogar el párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución Política. Con esto, el titular del Ejecutivo federal puede ser llamado a juicio.
Los cambios propuestos en el artículo 108 refieren que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta tres años después de concluido su mandato, podrá ser acusado por traición a la Patria, hechos de corrupción y cualquier violación a esta Constitución y a las leyes que de ella emanen.
En tanto, la iniciativa propone que en el artículo 110 se incluya al titular del Ejecutivo federal como sujeto de juicio político, en adición a los funcionarios que ya pueden ser sancionados por esta vía.
Finalmente, la propuesta indica en el artículo 111 que se proceda penalmente en contra del presidente de la República por los delitos que pudiera cometer en el tiempo de sus funciones; además de eliminar el párrafo cuarto para facilitar el mecanismo del juicio político.
Esta iniciativa busca que en México no exista impunidad del presidente de la República y acabar con la corrupción del principal encargado de las decisiones gubernamentales. Además, nuestra nación tendría la figura jurídica para llevar a juicio político a su mandatario, tal como sucede en otros países de América Latina.
