El grupo parlamentario de Morena votará en contra de esta iniciativa que pretende modificar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán

Compañeras Diputadas y diputados, pueblo de Yucatán

Anuncio que el grupo parlamentario de Morena votará en contra de esta iniciativa que pretende modificar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. Desde nuestra perspectiva, la reforma que ha propuesto el gobernador del Estado a la fracción primera del artículo 6 de la citada ley para cambiar la proporción de 20,000 a 15,000 habitantes responde a intereses creados al amparo del poder público. Explicaré las razones.

Si bien el capítulo II de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán versa sobre el aspirante a notario público en el que cuatro secciones detallan de forma precisa los ordenamientos y el proceso para cubrir los requisitos y cumplir cabalmente con esta función pública, así como también las disposiciones contenidas en su reglamento, históricamente los titulares del poder ejecutivo de nuestro estado han utilizado a discreción los mecanismos para la elección de fedatarios públicos. Ya diversos medios de comunicación han publicado notas relativas al listado de las personas cercanas al gobierno del estado que serán beneficiadas con esta ley.

El notario público, como lo indica su definición jurídica, “es el abogado o licenciado en derecho a quien el Poder Ejecutivo del Estado le delega fe pública para que dé constancia y formalidad a los actos y hechos jurídicos, ante él celebrados, que los interesados quieran o deban dar autenticidad conforme a las leyes, así como de dotarlos de la solemnidad que establezca la ley”. Las y los yucatecos requerimos de servicios notariales que se adapten a nuestras necesidades reales, no a las de un mercado inmobiliario.

Haciendo una lectura crítica de la iniciativa en comento, podemos detectar para quién o quiénes va dedicada. En el cuerpo de la exposición de motivos, se destaca el fortalecimiento de los sectores de la vivienda, inmobiliario, de negocios y de las demandas para la construcción de sus corporativos, así como la vivienda de sus ejecutivos. Sí, escucharon bien, de los ejecutivos. Como hemos insistido desde esta tribuna, el gobierno de Yucatán debe ser un gobierno que procure el bienestar de todas y de todos, no es una gerencia ni una promotora inmobiliaria.

Lo señalamos en la comisión, ni la iniciativa ni el dictamen argumentan con seriedad por qué es necesario aprobar esta propuesta. El ejecutivo es claro, quiere más notarios, pero nos dice para qué ni por qué, la comisión tampoco se tomó el tiempo para decirlo. En la formulación de política pública es necesario saber qué problema hay para darle solución. Esta iniciativa que esta por aprobarse es una solución a un problema que no existe o que por lo menos no demuestran que existen.

Se señala que se requieren de más notarios, y para ello argumenta el aumento de la actividad productiva -que insistimos, no ha generado bienestar para las y los yucatecos, solo enriquecido a unos cuantos- pero no nos dice para que cantidad de trámites notariales da la capacidad actual de notarios, tampoco nos dicen cuál es el requerimiento del mercado, para saber si se necesitan más notarios, o los problemas están en otras áreas.

Indican que más notarios tendrán un beneficio en los costos, pero tampoco señalan un promedio de cuáles son los costos que se pagan en el estado, ni cuál es el impacto en la reducción de precios que se puede tener. Esto es por lo que no encontramos argumentos para aprobar este dictamen. Carece de cualquier razonamiento que pueda indicar que estas acciones son las pertinentes. Tampoco la iniciativa asegura que este aumento lleve a más notarios al interior del estado; es muy probable que este aumento se traduzca en más notarios en Mérida.

Vayamos al fondo de esta iniciativa, me refiero a la vinculación de este tipo de reformas con lo que comúnmente se conoce como los cárteles inmobiliarios. De acuerdo con datos del INEGI, en Yucatán existen 108 mil 752 casas deshabitadas. Tan sólo en Mérida se reportan 60 mil viviendas abandonadas, la mayoría ubicadas en el norte de nuestra capital.

Esto obedece a un fenómeno que la defensora de derechos humanos y de la vivienda Carla Luisa Escoffié ha señalado como una forma de financiarización de la vivienda; proceso por el cual se empieza a priorizar el uso de la vivienda como vehículo financiero y no como un medio para habitar. Es decir, pasa a convertirse en una divisa más para la especulación y el flujo de capital. Eso es lo que estamos avalando, la consolidación del cartel inmobiliario en Mérida y en todo Yucatán.

Una vez más esta Soberanía se ve vulnerada mediante un golpe técnico por parte del titular del gobierno del estado para aprobar, con la prisa sospechosa que les caracteriza, una iniciativa dedicada a las y los amigos del gobierno del estado. Esta iniciativa fue presentada el 15 de marzo y en esta sesión del día 30 del mismo mes, se aprobará por el partido de la mayoría y sus aliados. El Grupo Parlamentario de Morena no dejará de señalar estas irregularidades y advierte que en un futuro no muy lejano estos nexos del poder público con el cartel inmobiliario provocarán problemas muy graves para nuestro estado.