En medio de los desafíos que enfrenta México en su búsqueda por la paz y justicia transicional, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister», hizo un llamado urgente a las autoridades para que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos en el proceso de paz y justicia.
Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, elogió los avances emitidos desde las organizaciones de la sociedad civil en esta materia, sin embargo, expresó su preocupación ante el recrudecimiento de la violencia en diversos territorios del país, especialmente en las que ya habían sido afectadas anteriormente por la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
“Una de las preocupaciones clave es la aplicación de la reparación del daño, así como la rehabilitación psicosocial, a pesar de la existencia de un mecanismo institucional para atender a las víctimas registradas en el país, a través de la Secretaría de Gobernación”, expuso.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, propuso simplificar los requisitos para registrar a las víctimas; y pidió a los integrantes de la Cámara de Diputados asignar una mayor bolsa económica para atender el rubro de los derechos humanos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024.
El doctor en derecho afirmó que el GIDH identificó retrasos institucionales en el proceso de registro de casos, por lo que emitió su preocupación sobre el papel en el que quedan las víctimas sobre las sanciones a los perpetradores ante las diversas autoridades en la materia.
Fierro Hernández subrayó que, hoy más que nunca, grupos armados y criminales generan violencia no sólo en contra de integrantes de grupos rivales, sino que además lo hacen contra funcionarios públicos, así como contra la población civil.
Subrayó la urgencia de garantizar la presencia real del Estado en las zonas más afectadas por situaciones sistemáticas de violencia como los estados de México, Puebla, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, y la capital del país, sólo por citar a las más recurrentes.
Por si fuera poco, el abogado litigante solicitó que se garantice el pronto acceso a la reparación del daño a las víctimas, incluyendo la restitución de tierras y condiciones sostenibles para su retorno, la reintegración de excombatientes y la protección de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y representantes de la milicia mexicana que han estado en una situación de agresión, desaparición o violación a sus derechos humanos.
“México enfrenta un desafío considerable en su camino hacia la paz y la justicia, pero es crucial que las autoridades sigan trabajando para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en su búsqueda de una sociedad más justa y pacífica”, expuso el defensor del pueblo.
Fierro Hernández adelantó que ya se busca establecer una reunión urgente con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, a fin de proponer una ruta alterna para ejercer una mejor práctica de la gobernanza, de manera particular con la justicia transicional y el respeto de los derechos humanos.