El Derecho a la Ciudad; nos encamina a enfrentar la desigualdad y la brecha social existente, acabando con la vergonzosa e injusta división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Discurso Dip. Gaspar Quintal Parra
Discurso Dip. Gaspar Quintal Parra
El día de hoy, se somete a nuestra consideración, el dictamen por el cual se reconoce el derecho a la ciudad en nuestra Constitución local. Un derecho que refleja una de las principales aspiraciones de quienes nacimos o hemos hecho de Yucatán, nuestro hogar; y que permitirá que cada familia viva con tranquilidad, seguridad y armonía.
El derecho a la ciudad nos da la posibilidad de habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
Es un derecho que sustenta un nuevo paradigma para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática, el aseguramiento de la propiedad, la movilidad, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos, así como la prestación de servicios públicos, considerando la participación ciudadana.
Un derecho que será el eje para que abordemos legislativamente algunos de los principales retos que tenemos como sociedad; siendo a su vez, una herramienta para ponerle un freno al crecimiento urbano desordenado; y de forma planificada, podamos construir el lugar en que queremos vivir, mejorándolo y preparándola para las generaciones futuras.
Permitirá combatir, con un sustento constitucional, las prácticas que pervierten el mercado inmobiliario, en particular de aquellas como el desarrollo de lotes de inversión, que, en ocasiones, son situaciones de posibles fraudes deliberados o realizados por incompetencia, afectando la necesaria recuperación económica después de las afectaciones de la pandemia del COVID 19.
De igual manera, abonará para enfrentar la desigualdad y la brecha que existe entre una población que vive en la pobreza y aquella que la urbanización le permite vivir en mejores condiciones de vida.
El crecimiento demográfico genera nuevas necesidades y una mayor demanda de bienes y servicios públicos; que hacen que nuestra entidad sea cada vez menos sostenible, desde lo ambiental, social y económico.
Es por ello por lo que, debemos impulsar una renovación urbana del espacio público, la movilidad sustentable, el respeto por el ambiente limpio, sano y equilibrado; y que para todas y todos represente una mejora en nuestra calidad de vida, bajo la rectoría del estado, con un papel preponderante de parte de los ayuntamientos.
La Fracción Legislativa del Revolucionario Institucional, conoce y reconoce cual debe ser el aporte legislativo; con la presente aprobación de reforma a nuestro texto constitucional, el paso siguiente es la adecuación de la legislación secundaria en temas de asentamientos humanos, planeación, ordenamiento territorial y crecimiento urbano, escuchando e integrando a esta labor a los 106 ayuntamientos del estado; acompañada de una amplia convocatoria de participación ciudadana.
Con esta aprobación y bajo la rectoría del derecho a la ciudad en nuestra Constitución, tendremos que trabajar por alcanzar los beneficios que para la ciudadanía representa el uso pleno y equitativo de las localidades y asentamientos humanos, la renovación urbana del espacio público, la movilidad sustentable, el respeto por las diversas formas de expresión, por el ambiente limpio, sano y equilibrado, la justicia social, bajo el paradigma de un modelo de ciudad garante de los derechos humanos.
El reconocimiento del derecho humano a la ciudad significa, para el Poder Ejecutivo y los 106 Ayuntamientos, una labor de elaboración y actualización de sus planes, programas, objetivos, estrategias y metas, a fin de garantizar un modelo de ciudad sustentable que refleje en su imagen, estructura e historia, un ordenamiento urbano, producto de la planeación realizada por los grupos sociales que habitan la ciudad, así como esquemas de comunidades con economía y desarrollo propios que garanticen un futuro sustentable para el presente y las generaciones futuras.
Finalmente, a nombre de mis compañeras integrantes de la Fracción Legislativa que represento y del mío propio, reconozco el profesionalismo de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Dip Carmen González Martín, en la conducción del estudio y análisis de la iniciativa presentada.
De igual modo, valoro las aportaciones de los integrantes de la mencionada comisión pertenecientes al Partido Acción Nacional; de la diputada Vida Gómez Herrera, de MC, de la Dip. Alejandra Novelo Segura de MORENA; y del Dip. Crescencio Gutiérrez de Nueva Alianza, quienes, con sus ideas, enriquecieron y robustecieron el proyecto de decreto, dando lugar a un producto legislativo de calidad, que se presenta a consideración de esta asamblea.
De igual manera, agradezco el trabajo colaborativo, de análisis y discusión con quienes integran la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C de Mérida y su representación a nivel nacional, quienes han estado muy atentos y que el día de hoy nos acompañan:
Estimados compañeros y compañeras diputadas, les invito a votar a favor de tener localidades basadas en derechos, y enfocadas en planear el crecimiento de los asentamientos humanos para que reflejen la diversidad cultural, manteniendo los altos índices de seguridad y paz, potencializando el uso de los recursos naturales, y protegiendo al ambiente y los derechos humanos, para que sean disfrutados por todas y todos.
Es mucho lo que está en juego para las y los que reconocemos a Yucatán como nuestro hogar.
Es mucho lo que está en juego para las y los que reconocemos a Yucatán como nuestro hogar, o permitimos que sigan surgiendo asentamientos urbanos y proyectos irrealizables, o construimos un estado y una Mérida donde se pueda vivir dignamente, se reconozca a las personas como parte fundamental de las ciudades, se proteja el medio ambiente y nos encaminemos a enfrentar la desigualdad y la brecha social existente, acabando con la vergonzosa e injusta división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.