El Derecho a la Ciudad: Este cambio es un nuevo paradigma constitucional para la planeación, diseño, uso, disfrute y gobierno de los asentamientos humanos; los cuales deberán de ser democráticos.

Yucatecas, yucatecos, medios de comunicación, compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy este congreso está analizando y muy seguramente aprobando la incorporación de un derecho en nuestra constitución local, el derecho a la ciudad.

Esta reforma a nuestra constitución no es menor, implica un cambio de paradigma, a partir de hoy, debe de iniciarse además de un proceso de reflexión, un cambio en la forma en que como ciudadanía vivimos la ciudad, pero, sobre todo, cómo se diseña por parte del Estado, sus tres poderes, las políticas públicas para el uso, disfrute y desarrollo de los asentamientos humanos.

El derecho a la ciudad es resultado de una crítica al modelo de producción neoliberal, a su concepción de la ciudad como un espacio para el consumo y la producción, diseñado para la generación de riqueza, no para el uso y disfrute de sus habitantes. Henry Lefebvre a finales de la década de los sesenta acuñó el término en el libro que llevaba por título “Derecho a la Ciudad” dónde señaló lo que implicaba vivir en un entorno urbano, explicando como la ciudad era un espacio diseñado para la explotación de la gente, ya como productores, ya como consumidores de espacios o productos. La propuesta de Lefebvre era que la ciudad podía ser distinta, había espacio para el uso del espacio desde lo colectivo, no solo de la generación de valor de cambio.

La idea de Lefebvre tuvo un impacto en discusiones académicas y en los organismos internacionales. Fue el urbanista David Harvey quien en épocas recientes recuperó la idea del derecho a la ciudad en esta revisión entre ciudad y capitalismo, guiado principalmente por demostrar las consecuencias espaciales de la dominación capitalista. Una de ellas la conocemos hoy como el desplazamiento forzado de las ciudades, o gentrificación.

Uno de los retos que enfrenta la idea del derecho a la ciudad es que algunas discusiones cerraron este derecho a los entornos urbanos, pero en la construcción del derecho a la ciudad se ha señalado que estas concepciones espaciales de desarrollo de la dominación espacial no se limitan a las urbes, también lo hacen sobre los entornos no urbanos. La academia en su discusión sobre el derecho a la ciudad ha reconocido que la interpretación de este debe ser flexible y abierta, pues los espacios humanos lo son. Esto se ha traducido en definiciones como el de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la cual precisa a la ciudad por un carácter físico y otro político, el primero explica que la ciudad es todo poblado organizado institucionalmente como unidad de un gobierno; el segundo, comprende el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gobierno y gestión.

ONU-Hábitat refleja esta idea al señalar el derecho a la ciudad como derecho a la ciudad/asentamiento humano, pues este derecho se les reconoce a todos los habitantes de un asentamiento humano, no solo a aquellos de los entornos urbanos. Esta precisión es fundamental, pues no puede pensarse este derecho exclusivo de aquellos que viven en las urbes.

Pensando en ello, así como en el contexto demográfico y geográfico de nuestra entidad, propusimos en la Comisión que en la definición que el dictamen realiza sobre el derecho a la ciudad, se incorporara esta concepción de que el derecho a la ciudad se les reconoce a los habitantes de cualquier asentamiento humano de la entidad. Esta modificación que se aprobó en la comisión es crucial, pues se les reconoce a todas las yucatecas y yucatecos el derecho a la ciudad; quitando una posible falsa percepción que este reconocimiento solo fuera para aquellas personas que habitan las urbes del estado.

Este cambio es un nuevo paradigma constitucional para la planeación, diseño, uso, disfrute y gobierno de los asentamientos humanos; los cuales deberán de ser democráticos -es decir, no generar exclusión a nadie por motivo alguno-, considerar la relación con el medio ambiente, y privilegiar lo público, lo común, sobre lo privado.

Es decir, adiós a las ideas de que la ciudad existe para generar riqueza, ya sea por la producción, por el consumo, y entender que en la ciudad se debe de privilegiar lo común, lo colectivo, sobre lo privado; es un primer paso para cerrar el paso a la especulación financiera inmobiliaria y abrirla a nuevos horizontes democráticos e igualitarios, donde no se desplace ni despoje, sino se use y se disfrute el espacio.

Gracias, y enhorabuena.