Pese a los avances de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el político, el país enfrenta focos de violencia política por razón de género, que se agrava, a escala municipal, en zonas rurales y población indígena, indicó
Al participar en el 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW62), que se celebra en la sede de Nueva York, Estados Unidos, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que el compromiso de este organismo jurisdiccional en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo este año, es visibilizar y dar voz a las mujeres desde el derecho y asegurar la paridad de género en la integración de los órganos de representación, libre de toda violencia.
En su intervención en el debate general de la sesión dedicada al Tema prioritario anual: “Retos y oportunidades para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y mujeres rurales, la magistrada Soto Fregoso aseveró que, en México, el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y su encomienda es salvaguardar los derechos político-electorales de todas y todos los ciudadanos, cuidando que éstos se ejerzan sin distingo alguno, incluidas las mujeres rurales, quienes viven una triple discriminación: ser mujer, se rural e indígena y estar en situación de pobreza.
En México, continuó, las mujeres rurales enfrentan las barreras estructurales más cruentas, ya que las posibilidades de participación política donde se gestionan las decisiones de sus ejidos y comunidades, para ejercer su derecho al voto, para ser candidatas y para ejercer sus cargos, se ven agravadas.
“Pese a los avances de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el político, el país enfrenta focos rojos de violencia política por razón de género, que se agrava en zonas rurales y población indígena”, subrayó al participar en la mesa redonda ministerial Buenas prácticas en el empoderamiento de las niñas y mujeres rurales, a través de la prevención de la violencia por razón de género y a través del acceso a la justicia, servicios sociales, cuidado de la salud, Concluyó
