Distribuyen y analizan diversas iniciativas en comisiones
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Mérida, Yucatán a 9 de mayo de 2024.- En sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación distribuyeron el oficio de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, mediante el cual se notificaron los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este punto, la presidenta de la comisión, diputada Carmen González Martín explicó que esta acción corresponde a la Legislatura pasada mediante la cual se declara la invalidez de un decreto referente a la modificación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y la de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en materia de mejores condiciones laborales y salvaguarda.
A su vez, solicitaron la elaboración de un proyecto de protocolo de consulta para dar cumplimiento a la sentencia.
En la comisión solicitaron la elaboración de los proyectos de dictamen para expedir la Ley de Coordinación Metropolitana, Desarrollo Regional y Asociatividad Intermunicipal; de las iniciativas para modificar la Ley de Catastro, la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y la Ley de Gobierno de los Municipios, todas de Yucatán.
Posteriormente, en la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal se llevó a cabo la distribución de la iniciativa para reformar la Ley General de Hacienda en materia de impuesto cedular en las actividades empresariales.
También, las iniciativas para reformar la Ley de Hacienda estatal, y la de Tránsito y Vialidad para crear la licencia de conducir permanente.
Las y los diputados iniciaron con el análisis de las iniciativas para autorizar la donación de cuatro inmuebles a favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya S.A de C.V, y para la donación de tres bienes inmuebles a favor del Poder Judicial del Estado.
