Discurso Diputada María Moisés Escalante

He pedido el uso de la voz para cumplir con una obligación que nos mandata la Constitución Local; de tal forma, que en este ejercicio de glosa sirva para sentar las bases de una reflexión basada en la evaluación de resultados durante este periodo que se informa y retroalimente la acción pública.

Para la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, gobernar implica contar con una visión de estado, donde es imprescindible tener procesos estructurados de planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de la política pública donde la visión debe ser, construir una sociedad incluyente, igualitaria y garante de los derechos humanos.

De esta manera, procedo a presentar un análisis en temas torales como son la inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de género entre mujeres y hombres y el deporte en Yucatán.

Es importante recordar que esta soberanía aprobó la creación de la Secretaría de las Mujeres y el Instituto para la inclusión de las personas con discapacidad, con las expectativas de alcanzar la igualdad y la inclusión en una sociedad que merece vivir sin discriminación, ni exclusión y libre de violencia.

Sin embargo, si bien las cifras e indicadores reflejan un avance, el hecho de que tan solo una mujer continúe viviendo violencia, sintiendo miedo e inseguridad en las calles, es motivo de alerta y un indicador de que aún falta por trabajar por las causas estructurales que han generado violencia en contra de la mujer.

En ese sentido, preocupa mucho que según informes del Banavim, Mérida ocupa el séptimo lugar de los primeros diez municipios machistas y violentos del país por agresiones contra mujeres.

Otro aspecto importante, es cuestionar la sensibilidad y conocimiento de las autoridades en derechos humanos e igualdad de género, pues declaraciones como las que ha realizado el Fiscal General del Estado al declarar que en Yucatán, “no hay números alarmantes, ni hay una epidemia de delitos contra las mujeres” y “que las mujeres deben tener cuidado”, denotan que no se esta dando importancia a  la violación de los derechos de la mujer, y pone en duda, si se está brindando la atención necesaria.

En todo momento y por cualquier caso, es exigible fortalecer cualquier acción pública hasta erradicar la violencia existente, y en tanto, sancionar para no dejar impune y prevenir mediante políticas adecuadas y pertinentes.
En este sentido, expreso y cuestiono los efectos de la Campaña para combatir la Violencia contra la Mujer en Yucatán, que dio inicio el 25 de noviembre del año 2019 bajo la rectoría de la Secretaría de las Mujeres, con un diseño que más que promover la igualdad entre géneros pareció anunciar prototipos de violencia persistente en la sociedad, lo cual ha representado una inversión en el gasto público.

El cierre de las delegaciones municipales, que conocíamos como “Casa de las Mujeres”,  bajo el principio de austeridad, es igual una política que impide reconocer, si en realidad la igualdad entre los géneros es una prioridad en la política pública del actual gobierno, porque en un contexto donde en los municipios las mujeres sufren un menoscabo en sus derechos.

Por tal razón, consideramos que falta mucho por hacer a la Secretaría de las Mujeres, púes no solo se trata de atender cuestiones de violencia física en forma particular sino también combatir la violencia psicológica, económica, laboral, obstétrica y demás tipos de violencia de las que son víctimas las mujeres en Yucatán, siendo necesario reconocer la cobertura que alcanza en relación a todas las mujeres que deja sin atender.

Todas y todos deseamos el deseo de un Yucatán donde el respeto al derecho a una vida libre de violencia y la igualdad sea una realidad, es la aspiración y objetivo máximo de toda política pública, que sin duda, implica incidir en un cambio cultural y de conciencia en mujeres y hombres,  y en esta  lucha donde todos estamos, deseamos la rectoría de la Secretaría de las Mujeres.

Desde esa óptica aún queda la interrogante y el deseo de conocer y cuantificar también el trabajo del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad pues se sabe que en la Secretaría de Educación aún persiste la discriminación ante la niñez con discapacidad.

Además, no se ha dado cumplimiento al mandato de la inclusión del 3 por ciento en las contrataciones por parte del Poder Ejecutivo de personas con discapacidad, pues la realidad es que aún persiste un bajo porcentaje de contratación ante la falta de condiciones de accesibilidad y movilidad en espacios públicos como son los edificios públicos .

Todavía no es posible disfrutar de lo que pretende reconocerse como un “avance para Yucatán en la construcción de una sociedad inclusiva” pues se presentan solo números y acciones realizadas mas no los efectos alcanzados, carecemos de parques inclusivos, también mandato legal.
El Instituto de las Personas con Discapacidad en Yucatán durante este 2020, debe consolidar su existencia.

En el ámbito deportivo, se presumió la inversión de aproximadamente 7 millones de pesos en la remodelación del Estadio Salvador Alvarado, sin embargo, ES EXIGIBLE UNA EXPLICACIÓN de las razones y las responsables administrativas de los servidores públicos por una obra que careció de eficiencia y eficacia en su construcción, pues no solo duró 5 largos meses en ser entregada, sino que la CALIDAD se pone en duda, pues a menos de un mes, la pista presenta  desperfectos que requieren una nueva inversión.

Por otro lado, es de conocimiento público que en el IDEY, se realizaron despidos masivos de personal que contaba con mucha experiencia y más de 15 años de antigüedad, además de la desaparición de diversas disciplinas deportivas que tantas satisfacciones han otorgado al deporte yucateco, como gimnasia rítmica y boxeo, afectando a miles de niños y jóvenes entusiasmados con incursionar en el deporte.

Bajo el pretexto de la austeridad, conocimos con tristeza las quejas de los padres de familia de los deportistas con discapacidad del Centro paralímpico que han dejado de recibir apoyos por parte del Gobierno Estatal, situación que es inaceptable porque en muchas ocasiones obliga a los padres de familia a organizar rifas, boteos y otras formas de obtención de recursos para pagar un viaje a competencia, ¿se está construyendo una sociedad inclusiva cuando se apertura un instituto con el objeto de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad pero  se excluye a los deportistas con discapacidad de un derecho fundamental como el deporte?

Coincidimos con la necesidad de invertir en seguridad, sin embargo, es importante que el gobierno “QUE DICE QUE YUCATÁN MERECE MÁS” reconsidere invertir más en los deportistas que ponen en alto el nombre de Yucatán, pues desafortunadamente hoy por hoy en el deporte yucateco únicamente pueden representar al estado las personas que tengan el poder adquisitivo para hacerlo y en si misma es una política preventiva que aleja del vicio y fomenta hábitos de vida saludable.

No hay que olvidar que el respeto de los derechos humanos deviene del trabajo continuo en la implementación de la cultura del respeto de estos derechos dentro de la administración pública estatal y queremos y esperamos el Yucatán que todos merecemos.