Discurso de la Diputada Milagro Romero Bastarrachea
.
.
Los inconformes aseguran que detrás de ese caos, hay intenciones personales y oscuras, entre las que se encuentra involucrada una asociación civil que supuestamente está enfocada a la rehabilitación de personas con problemas de adicción, cuyo albergue sirve de encierro de estos vehículos que salieron a las calles en los últimos meses.
Estos grupos han hecho del conocimiento de las autoridades las anomalías cometidas por ese grupo, pero nada se ha hecho para corregir la situación. Incluso, mencionan que han surgido hechos de violencia que, por fortuna, no han cobrado mayores proporciones.
El martes 9 de abril, nos informaron que hubo un altercado entre dos grupos en la zona oriente de la ciudad de Mérida, que produjo heridos por riña.
Los descontentos señalan que los nuevos prestadores del servicio no respetan las normas de transporte y se atreven a desafiar al gobierno al circular en calles primarias e incluso en el Anillo Periférico con total impunidad.
De acuerdo a explicaciones de los mototaxistas, los nuevos grupos no cuentan con “engomados”, que son usados como una medida de control, los cuales fueron empleados en el gobierno anterior para facilitar el trabajo y orden de los agrupados, así como la vigilancia por parte de la Dirección de Transporte, que les entregaba diversos “engomados” para identificar y regular sus vehículos. Estos distintivos tienen un holograma y un número e indican zona de trabajo y grupo del portador.
Hasta los últimos días de septiembre de 2018 sumaban 660 vehículos “engomados” en Mérida. Quienes tienen que cumplir una serie de normas, como el uso de cascos y de extinguidores de fuego. sólo pueden llevar tres pasajeros como máximo, no pueden circular en calles primarias y el horario de servicio es de 6 de la mañana a 12 de la noche, como lo marca el reglamento.
El 1 de febrero de este año, los trabajadores organizados entregaron un escrito en el cual expusieron el surgimiento de las otras agrupaciones y relataron todas las anomalías que esta tenía al director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Arq. Aref Karam Espósitos, quien les pidió que no caigan en provocaciones y fijó 15 días para hallar una solución, pero el plazo ya venció y el problema sigue creciendo.
Hay que recordar que este sector, al no estar reconocido en Ley de Transporte del Estado como servicio, no se les permite emplacar sus vehículos en Mérida, por lo que tienen que viajar hasta Campeche y Quintana Roo para hacer este trámite, lo que genera un costo mayor, confusión y desorden.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción I y 36 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 16, 18 y 22 fracción VII, de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo; los artículos 82 fracción VI y 87 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente propuesta de: