Discurso de la Diputada Fátima Perera Salazar

Con el permiso de la mesa directiva, saludando cordialmente a los y las integrantes de esta sexagésima segunda legislatura, visitantes y amigos presentes en este salón de plenos.

Como integrante de la fracción de Morena en este Congreso, me permitiré hacer algunas consideraciones respecto de mi voto a favor de la iniciativa que se nos presenta y al mismo tiempo solicitar el apoyo general a ella.

La realidad de México desde fines de 2006 se reconoce inmersa dentro de una preocupante situación de violencia, inseguridad e impunidad, preocupantes flagelos sociales generadores de conductas antisociales que han puesto en jaque a la sociedad mexicana mostrando cómo casi imposible la construcción del estado de bienestar, limitando el desarrollo constituyendo una seria amenaza para la gobernabilidad y estabilidad del país. El incremento en los índices delictivos ha configurado un escenario de zozobra, atacando el tejido social, que en los últimos doce años ha cobrado decenas de miles de vidas cada año y muy serias afectaciones patrimoniales.

En el análisis actual de la situación, se han considerado diversos elementos como relevantes, de ellos destacan sin duda alguna: las políticas y medidas económicas establecidas características del modelo neoliberal implementadas en México desde hace ya más de tres décadas, que cancelaron las perspectivas de desarrollo social y económico a millones de ciudadanos en beneficio y concentración de la riqueza en unas cuantas manos de empresarios políticos beneficiados del modelo, alejándose a las grandes mayorías de la posibilidad de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda que en un entorno ofensivo de creciente disparidad que se consolido   en un pervertido entramado de intereses que tuvo como su centro el modelo de corrupción e impunidad en diversas esferas del gobierno y de la sociedad agravado en los últimos tres sexenios de gobierno acompañado de una equivocada y fingida estrategia de seguridad y combate a la delincuencia.

Ante el abandono por parte del gobierno de los modelos de bienestar, movilidad social y redistribución de la riqueza, se configuro un campo fértil para que diferentes expresiones delictivas, violentas o no, remplazaran esas funciones. Ya por la cantidad de empleos directos que crea, por la cantidad de ingresos que genera y por el dinamismo que confiere a otras variables de la economía, la delincuencia se fue transformando en un motor financiero que, en estricto sentido, se expresa como aspecto esencial de lo que podemos reconocer como sector informal, dotado de amplias capacidades y poderes.

No obviare, desde luego, hacer notar que a la par de la implementación del modelo de desarrollo y de la mano del modelo económico instaurado para beneficio de una voraz minoría, una corrupción institucional sin precedentes que saboteó la capacidad de respuesta del Estado ante el apogeo criminal y pervirtió el modelo de aplicación de justicia. Procuradurías, corporaciones policiales, tribunales y cárceles, fueron infiltradas por grupos criminales. A principios del 2000 la desconfianza en los cuerpos de policía llevó al establecimiento de la Policía Federal. Sin embargo, seis años más tarde ésta no pudo, o no quisieron, alcanzar la fuerza institucional necesaria para hacer frente a la delincuencia creciente.

Adicionalmente, en las condiciones, aún vigentes, la acción en contra del crimen organizado se realizó en medio de una seria confusión de conceptos respecto de la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, lo que se manifestó en la manera desarticulada e improvisada en la que las autoridades civiles dispusieron de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia sin darles las facultades legales mínimas y sin crear las reglas claras de contención y límites para esa tarea.

Prácticamente nada se logró en el sexenio 2006 -2012 y el sexenio que le siguió no fue capaz de impulsar el autentico mejoramiento de las fuerzas civiles de seguridad. Ni uno ni otro gobiernos atacaron las raíces económicas y sociales del auge delictivo y la violencia. Ambos gobiernos se concentraron, en cambio, en la aplicación de una lógica de guerra que empeoró la incertidumbre ciudadana, forjó un desastre de la observación de los derechos humanos y, paradójicamente, fortaleció a la delincuencia al impulsar a los grupos delictivos a diversificar y extender sus actividades y al provocar la automatización de los grandes carteles en pequeñas células dispersas por buena parte del territorio nacional.

La estrategia de confrontación torpe y desarticulada no logró recuperar la paz social, la seguridad y el estado de derecho. México se convirtió en un país de víctimas, en donde según datos especializados más del 90 por ciento de los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país vio crecer la de por sí aguda carencia de una policía profesional, con capacidad para prevenir, investigar, identificar y detener a presuntos culpables de actos antisociales.
La inseguridad pública es hoy en día uno de los grandes problemas nacionales; su solución es una justificada exigencia de la ciudadanía y el gobierno que inició el pasado diciembre la ha señalado entre sus principales prioridades.

Indudablemente, el compromiso primero del Estado contempla el preservar la integridad de la población ante toda suerte de amenazas. Y es de esa obligación que procede la necesidad de configurar adecuados sistemas de seguridad nacional, seguridad pública y protección civil, así como la formulación de leyes, instituciones y mecanismos para la defensa de los derechos humanos.

Ciertamente, para resolver la inseguridad, la violencia y el descontrol de diversas regiones es necesario un programa en los ámbitos jurídico, económico, social, educativo y de salud. En muchas circunstancias históricas, tanto nacionales como foráneas, ha quedado claro que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y del bienestar.

La iniciativa que se nos ha hecho llegar establece puntualmente que, si bien la Guardia Nacional se propone como una institución de estructura militar, el diseño de sus planes, programas y acciones serán trazados por autoridades civiles. Se reitera además que, aunque su formación será castrense, se tendrá alta injerencia el cuidadoso respeto a los derechos humanos, revisando el uso adecuado de la fuerza, y las acciones para con ella relacionados

Termino señalando que “De los 100 compromisos que mencionó en su toma de posesión, el número 86 del presidente López Obrador dice: “Se van a constituir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país atendidas por la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y otros delitos”.

Después de 171 años de que el Presidente José Joaquín de Herrera reglamentara el funcionamiento de la Guardia Nacional y de que por más de 100 años esta institución fuera ignorada existiendo solo en el papel, ahora sí y (con el acuerdo del ejecutivo, el Congreso de la Unión y los gobernadores) la Guardia Nacional  va en serio en consideraciones que, podrían trascender como la reforma más importante en materia de seguridad interior de los últimos años, para combatir el problema más grave que ha aquejado a la sociedad mexicana en el siglo XXI: La Inseguridad, la impunidad y esa sensación de desamparo  que a todos sin excepción—en la persona, las familias, los bienes y las  comunidades— nos invade en la vida cotidiana.

Apoyar la iniciativa, no cabe duda, esta encima de nuestras diferencias, esta en el orden que deseo nos sea común, aun en las ópticas y opiniones diversas que nos explican como expresiones políticas diferentes, el amor a México y el genuino deseo por el bienestar común.

Es cuanto.