Diputados del PAN denuncian ante la ASEY a ex funcionarios estatales que tienen al Isstey en peligro de quiebra
El «jineteo» de los recursos asciende a $2,223.716,873.58.
Mérida, Yucatán, a 4 de noviembre de 2019.- En defensa del patrimonio de los trabajadores estatales afiliados al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron esta mañana ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey), una denuncia en contra de ex funcionarios emanados del PRI que durante las dos anteriores administraciones estatales que encabezaron Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, pusieron a ese instituto en peligro de quiebra, en perjuicio de quienes dependen de sus recursos.
–Los diputados del PAN no seremos cómplices de ningún acto de corrupción, sino que denunciaremos, como lo estamos haciendo –dijo la Dip. Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de los legisladores panistas estatales–. Aún no se aprueban las cuentas de 2018 del Isstey y con base en ello vamos a interponer esta denuncia ante la Asey que es el órgano al que le corresponde investigar.
Precisó que los dos delitos por los que denuncia a los ex funcionarios, son: abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos.
Informó que los ex funcionarios emanados del PRI denunciados son: los ex directores del Isstey Víctor Sánchez Alvarez, Clemente Escalante Alcocer, Nerio Torres Arcila, Zacil Leonor Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara, así como también Juan Ricalde Ramírez, ex secretario de Hacienda; Alfredo Dájer Abimerhi, ex secretario de Administración y Finanzas, y Fernando Fernández Vargas, ex director de Contabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas.
–Este gobierno se ha hecho responsable no sólo de ver subsanar las deficiencias que las anteriores administraciones dejaron, sino que nos corresponde como diputados realizar las denuncias correspondientes –abundó.
También asistieron a presentar la denuncia los demás integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, diputadas Kathia Bolio Pinelo y Paulina Viana Gómez, los diputados Manuel Díaz Suárez, Víctor Merari Sánchez Roca y Miguel Rodríguez Baqueiro.
El Dip. Díaz Suárez dio a conocer los nombres de los denunciados, así como los fundamentos de la creación del Isstey y las causales del quebranto.
Dijo que la constante actuación de los anteriores servidores públicos encargados de la administración del Instituto fue propiciar el quebranto del mismo, en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado de Yucatán, sus familiares y dependientes económicos.
Añadió que otra causal señala que mediante decreto 238/2014 publicado el 18 de septiembre, el Poder Ejecutivo acordó celebrar un fideicomiso público irrevocable traslativo de dominio, para comercializar el proyecto de Ucú y pagar el adeudo histórico que tenían diversas dependencias y entidades del Isstey.
–Las mismas administraciones anteriores reconocen el quebranto y el adeudo que tenía el Isstey, por la falta de aportaciones que el Ejecutivo, como patrón, tenía que hacer al Instituto y también por la falta de las aportaciones que se le habían retenido a los trabajadores –precisó–. El quebranto del Isstey no es reciente… En un abuso de autoridad y mal manejo de los recursos públicos, las autoridades anteriores vendieron el patrimonio de los yucatecos para solventar ese adeudo que ellas mismas causaron.
Lo que los legisladores panistas denunciaron es que las autoridades señaladas utilizaron las cuotas de los trabajadores y las retenciones efectuadas a los mismos, para la devolución de préstamos para fines distintos, distrayéndolos de su objeto, ocasionando un detrimento en el patrimonio de la institución.
El «jineteo» de los recursos asciende a $2,223.716,873.58. Con la venta de terrenos, se saldaron los más de 2,000 millones, pero aún, así quedaron pendientes de pago $173 millones, los cuales incluyen, entre otros conceptos, intereses moratorios por estas cuotas no pagadas.
Por último, los legisladores comentaron que a pesar de los retos financieros por los que atraviesa el Instituto y la inminente quiebra por malos manejos en administraciones anteriores, el gobierno del Estado ha hecho grandes esfuerzos para que las pensiones y jubilaciones estén garantizadas y todos sigan recibiendo las cantidades que les corresponde, de acuerdo con la ley.
