Del paquete de reformas que presento en Gobierno del Estado estaremos muy atentos al desenvolvimiento institucional que estos cambios tendrán: Alejandra Novelo

Estamos analizando otra vez un paquete de reformas presentada por el gobernador hace quince días.

Aprovecharé este tiempo para señalar las consideraciones que el Grupo Parlamentario de Morena considera pertinentes respecto a algunos de los dictámenes que se votarán durante esta sesión.

Las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, particularmente las relativas a la autonomía de la fiscalía y a la creación de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, en términos generales, representarían un avance significativo para el desarrollo y consolidación de instituciones especializadas que otorguen certeza jurídica y sean parte de eslabones virtuosos para robustecer el estado de derecho.

No obstante, desde el inicio de las discusiones en el seno de la comisión de puntos constitucionales y gobernación, el Grupo Parlamentario de Morena manifestó de viva voz y por escrito, las observaciones que, a todas luces, constituían un exceso por parte del poder ejecutivo del estado.

Desde nuestra perspectiva, si estas iniciativas hubiesen sido prioritarias para este gobierno, se hubiesen presentado desde los primeros años y no a escasos meses de que inicie el periodo electoral 2023-2024. No hay que ser una persona sabia para poder interpretar que en algunas de estas iniciativas que en el papel cumplen con objetivos loables, existe una intencionalidad de blindaje transexenal desde las instituciones del estado para el gobierno en turno.

Aquí queremos hacer un alto. Estamos de acuerdo que el legislativo debe actuar y estudiar los asuntos que se presentan con celeridad y oportunidad. Pero ¿por qué solo la reformas que presenta el gobernador son atendidas con esta rapidez? Quince días habrán pasado entre que este paquete de iniciativas fue presentado y su aprobación.

¿Es tiempo necesario para estudiar las condiciones para la autonomía de la fiscalía, la duración de su titular, la necesidad de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica, su coherencia con el marco jurídico nacional y local? No lo es, vean las comisiones, se presentaron cuadros comparativos, se procesaron algunas propuestas, pero no se estudió de fondo el asunto. El dictamen que eso debería de ser es más bien una recuperación de las consideraciones de la iniciativa, el marco normativo, pero no se desprende de él la necesidad de crear estos, no se mira las experiencias del derecho comparado, ni las teorías que hay alrededor de las respuestas que se están planteando.

Estamos a favor que la Fiscalía sea autónoma y que el estado cuente con mayores elementos e instituciones para perseguir y castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que no haya duda de eso. Es parte de los pilares fundamentales de nuestro movimiento. La justicia es una de las grandes deudas del Estado para con sus ciudadanos, y las mayores trabas se encuentran en fiscalías sobre cargadas, poco especializadas y sin formación de derechos humanos. Ahora bien, ¿el único cambio que se necesita es su autonomía constitucional? ¿No hay otras fallas que obstaculicen que la gente que presenta sus denuncias acceda a la justicia? ¿No es necesario establecer mecanismos amplios desde el Congreso y la sociedad, autónomos, de la política pública que impulse la fiscalía? Pero claro, todo eso no lo pudimos estudiar, ni con especialistas ni con el mismo fiscal, menos con la ciudadanía.

Se está proponiendo y es uno de los principales motivos para ir en contra de este dictamen, que el fiscal dure doce años en su encargo, y no hay un mecanismo de evaluación propuesto. Es decir, si el fiscal falla en la elaboración de la política de justicia, si sus planes y programas fallan, si sus diagnósticos son errados, no tenemos forma de evaluarlo. Se consideran las causas graves para poder removerlo, pero se sabe que la interpretación de ello es amplia y queda a discrecionalidad de los actores y también en este caso de los tribunales. ¿Por qué le damos un tiempo mayor al fiscal que a alguien que es electo por voto popular, es el tiempo una variable fundamental para la elaboración de políticas públicas? Si ese fuera el caso, tendríamos reelección en la titularidad del ejecutivo, y en México no la contemplamos, y en el terreno legislativo o de la administración municipal la permanencia hasta por doce años ininterrumpidos se da por medio de la elección que funciona a modo de evaluación de la servidora o servidor público. El tiempo es muy largo, no hay evaluación, y considerado como parámetro para impulsar políticas sin presiones, carece de argumentos. Hay una estadística clave que da el Índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y Procuradurías en México, 6 de cada 100 delitos denunciados tienen la posibilidad de ser esclarecidos. Toda reforma a la fiscalía debe tener como premisa aumentar esta probabilidad y explicar cómo pretender hacerlo, esta que estamos estudiando, no lo hace.

Lo mismo pasa con el titular de la agencia, se le dan quince años, porque se supone que eso le dará tiempo de establecer políticas, de actuar, ¿y si no lo hace? ¿qué haremos? La justificación de que, a mayor tiempo, mayor capacidad de implementar políticas es una buena intención, no una realidad tangible y comprobable.

Estas son las principales razones por las que no acompañaremos estas reformas, nuevamente hay fast track legislativo, y en materia de la duración, no se encuentran los argumentos para dar periodos tan largos a los titulares, más aún sin mecanismos claros de evaluación que se puedan ligar a su permanencia.

En cuanto estas propuestas estén aprobadas y posteriormente entren en vigor, estaremos muy atentos al desenvolvimiento institucional que estos cambios detonarán.