Damnificados de huracanes en Guerrero habitan viviendas en riesgo de colapso
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Treinta y dos viviendas nuevas podrían colapsar en cualquier momento. Desde un ángulo no se ve mayor peligro, pero del otro lado es evidente el desplazamiento del terreno. Ahí viven 40 familias, son damnificadas de los huracanes ‘Ingrid’ y ‘Manuel’. Viven en El Nuevo Mirador, fraccionamiento que el Gobierno federal construyó como parte del plan “Nuevo Guerrero“. La corrupción y la negligencia han hecho que cuatro años y medio después del desastre vuelvan a estar en una situación de riesgo y ahora más grave.
Las casas dañadas debieron demolerse desde hace dos años porque justo cuando acabó la obra, Protección Civil confirmó que estaban mal hechas y el terreno se estaba deslizando. Los sismos de septiembre y las lluvias han empeorado la situación. La delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) afirma que no hay dinero para quitarlas.
Alma Jiménez, encargada de despacho de Sedatu en Guerrero, explica: “Hemos estado haciendo la gestión ante oficinas centrales solicitando de manera constante los recursos para la demolición, sin embargo, la Secretaría carece de recursos”.
Maricruz Aguirre Pérez, damnificada, dice: “Eso se está recorriendo cada vez más, se está socavando ahí. Cuando llueve toda la tierra se viene para acá. Aquí también vea como se está abriendo también”.
Ana María Montan Leyva, damnificada afectada, señala: “Salí de un lugar donde yo corría riesgo, peligro. Nos traen aquí y la mera verdad no sé si soy beneficiaria a esto o sigo siendo damnificada, para mí esto no es un patrimonio”.
Maricruz y Ana María llegaron a El Nuevo Mirador, en Chilpancingo, Guerrero, hace dos años. Ambas perdieron sus casas en 2013, tras el golpe de los huracanes ‘Ingrid’ y ‘Manuel’. Viven en la manzana 1B del fraccionamiento. Desde que les entregaron sus viviendas supieron que las casas de junto tenían daños estructurales y debían demolerse, aparentemente no les afectaría, pero el terreno comenzó a deslizarse.
Las casas afectadas podrían caerles encima.
Esto cada vez se está agrietando más, este talud ya está recorrido, está pegando en nuestra casa. Están esperando a que haya una desgracia, que esto se caiga, para que nos hagan caso”, dice Ana María Montan Leyva, residente de El Nuevo Mirador.
Ha estado temblando mucho, cada vez que me duermo y pienso a ver a qué hora me caen mis vecinos, yo veo muy frágil mi casa”, dice Maricruz Aguirre Pérez, que vive en la planta baja con su mamá y su hija.
Los daños que está provocando el deslizamiento del terreno se ven fuera del edificio y también dentro del departamento.
Yo hubiera preferido que me hubieran dado un pedazo de tierra y hacer mi casa de madera y no esto, la verdad. Nos quitaron, según, del peligro y nos trajeron a otro, peor todavía”, afirma Maricruz Aguirre Pérez.
La misma delegación de la Sedatu reconoce que los errores son de origen: hubo mala elección del terreno y del sistema de construcción. Además de los deficientes trabajos en las obras de mitigación de riesgo, que incluyen taludes de contención.
Las empresas encargadas de estos trabajos fueron contratadas y avaladas por la Sedatu, en ese entonces encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín y cuyo delegado en Guerrero era Héctor Vicario Castrejón.
César Mayares Salvador, secretario de Protección Civil de Guerrero, explica: “Existía una barranca, no hubo canalización de aguas pluviales, no hay un talud, no hay algo que detenga el empuje de la tierra. En la manzana 1 y 2B hay un muro de contención muy pequeño, las cargas no fueron distribuidas correctamente. Los de la 1b también están en riesgo, siempre y cuando no se retiren las viviendas”.
En febrero del año pasado, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero entregó a la Sedatu un dictamen de riesgo en el que concluyó que la demolición debía hacerse antes de la temporada de lluvias 2017, ya que de no hacerlo, dice textual: “los habitantes de la manzana 1B están en peligro ante la eventualidad de un deslizamiento con todo y estructura”.
No se atendió la recomendación.
Un día después del sismo de magnitud 8.4, registrado el 7 de septiembre del 2017, la Secretaría de Protección Civil del estado levantó un acta circunstanciada de la que ‘Despierta’ tiene copia. Protección Civil señaló que las estructuras de la manzana 2B “perdieron su capacidad de carga y el suelo tiene asentamiento diferencial que fue detectado en julio de 2016”.
Concluye que la demolición deberá hacerse de manera inmediata a partir de esa fecha, otorgando un término de 10 días hábiles para realizarla. Es decir, a más tardar el 22 de septiembre. Tampoco se hizo. La Sedatu no ha enviado los recursos.
Alma Jiménez, encargada de despacho de Sedatu en Guerrero, indica: “Protección Civil nos dio una prórroga que también ya venció. Nos hicieron de nueva cuenta el aviso y es que seguramente seremos sancionados porque no hemos hecho la demolición. Desde agosto de 2016 estamos solicitando recursos y no ha sido posible una respuesta positiva. La demolición cuesta 2 millones 850 mil pesos”.
Como lo dimos a conocer en ‘Despierta’, estas casas costaron cuatro veces más de lo proyectado por las autoridades. En total, el Gobierno federal pagó 414 millones de pesos por un fraccionamiento donde los beneficiarios están en riesgo, no tienen escrituras ni servicio de agua potable.
Que nomás falta un tubo, que falta otro. La verdad hay gente humilde que no tiene recurso para tener un tinaco o un tambo, llenamos a base de cubetas de agua”, señala Angélica Ramírez, habitante de El Nuevo Mirador.
El puente que tenía que comunicar al fraccionamiento con la Autopista del Sol quedó inconcluso. Además, tienen un serio problema con grietas que trasminan el agua de departamento a departamento. La Sedatu asegura que esto se debe a que el sistema de construcción no se adapta al tipo de terreno.
Alma Jiménez, encargada de despacho de Sedatu en Guerrero, señala: “Porque es zona sísmica, este formato de vivienda requiere una serie de juntas constructivas que, al tener cualquier movimiento, siempre se va a estar abriendo”.
Félix Ojendiz, residente del fraccionamiento, dice: “Cuando llueve se trasmina todo, todo. Se moja mi ropa y gotea aquí y cae en la otra casa de aquí abajo”.
No puedo yo lavar ni trapear el piso porque la vecina me grita que el agua se está trasminando a su techo”, dice Ana María Montan Leyva, damnificada.
La reconstrucción de Guerrero por los huracanes ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ debió entregarse a principios de 2015, fecha en la que vencieron la mayoría de los contratos. Pero desde el año pasado los trabajos están suspendidos, por lo menos 20 empresas abandonaron las obras o incumplieron los acuerdos.
Alma Jiménez, encargada de despacho de Sedatu en Guerrero, señala: “Hemos presentado 12 denuncias contra empresas que definitivamente no se han presentado a trabajar y por ahí ya tengo como 10 más que vamos a mandar a denuncia”.
De 43 fraccionamientos proyectados en la reconstrucción de Guerrero, siguen pendientes 22. El Balzamar es uno de ellos. Por este proyecto, la Sedatu dio un contrato por 38 millones 950 mil pesos a una persona física.
El plazo de ejecución fue de 120 días naturales, del 30 de enero de 2015 al 29 de mayo de 2015. Así está en marzo de 2018.
Tuvo que llegar otra empresa para retomar los trabajos, pero ahora el problema es otro.
Las empresas que sí están trabajando no tienen pago, tenemos más de tres meses esperando pago de Banobras. Todas esas empresas ya pararon”, señala Alma Jiménez, encargada de despacho de Sedatu en Guerrero.
El terreno también necesita taludes de contención. “Ahorita estamos haciendo un análisis para dejar bien protegido las zonas de corte, el terreno es muy parecido al Mirador, hay que cuidar esa parte”, concluye Alma Jiménez.
Con información de Ana Lucía Hernández
MLV
