Culmina Inaip Yucatán Programa anual de verificación 2019

Mérida, Yucatán, 13 de febrero 2019.- El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán), concluyó el Programa Anual de Vigilancia 2019, en el que se validó la publicidad de la información de determinadas obligaciones de transparencia, de 59 sujetos obligados del Estado de Yucatán.

La muestra de los verificados, pertenecientes a 9 categorías de sujetos obligados, así como el orden de la propia verificación, se obtuvieron mediante un sorteo y se consideraron sólo a las instancias que no fueron verificadas en el Programa Anual de Vigilancia 2018. Las obligaciones revisadas se determinaron de acuerdo al el sujeto obligado y las tablas de aplicabilidad aprobadas por el Pleno del Instituto, considerando las fracciones con mayor número de denuncias en el ejercicio 2019.

“Es parte de un gran trabajo realizado a lo largo del último trimestre del 2019, en el cual se generó esta verificación muestral, debido a las capacidades institucionales. Creemos que este proceso muestra con mucha claridad cuál es el diagnóstico de los sujetos obligados en torno al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”, dijo el Comisionado Presidente, Aldrin Martín Briceño Conrado.

De acuerdo con los resultados, los tres grupos de sujetos obligados que presentaron mejor índice de cumplimiento fueron los que pertenecen al Poder Judicial, seguidos por los del Poder Legislativo y los partidos políticos. En contraste, los ayuntamientos, los sindicatos y los organismos públicos municipales fueron los de menor índice de cumplimiento. (Tabla 1)

En el detalle de la verificación se observó que 7 sujetos obligados cumplieron con publicar o justificar la falta de publicación de sus obligaciones de transparencia al 100%; estos son el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), la Secretaría de Administración y Finanzas, el Fideicomiso del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior del Estado de Yucatán (Manutención Yucatán), PROTEGO F/0007 y PROTEGO F/0198.

También que 9 sujetos obligados revisados no publicaron la información de las obligaciones revisadas. Estos fueron el Sindicato al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), el Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP), la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc y los ayuntamientos de Cacalchén, Chemax, Tahdziú, Tekit y Hoctún.

Los restantes 40 sujetos obligados que tuvieron índices de cumplimiento de entre 99% y el 1% de sus obligaciones (Tabla 2).

El Comisionado Presidente precisó que los procesos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones faltantes ya comenzaron y que las sanciones se aplicarán conforme a la legislación vigente.

“Todos los sujetos obligados que no hayan cumplido con la Ley, subiendo su información a las páginas de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, van a continuar con un proceso que la propia legislación señala, a efecto de tener que ejercer, en su caso, la multa o la amonestación pública que corresponda al responsable de subir la información”, dijo.

En cuanto al tipo de sanciones señaló que la Ley se refiere a amonestaciones públicas para el servidor público que resulte responsable de subir la información y multas que van de 150 a 1,500 UMA’s, que se aproximan a los 12 mil a 150 mil pesos aproximadamente.

Briceño Conrado añadió que el aumento en las denuncias es reflejo de un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre el Derecho de acceso a la información pública y sobre el propio proceso de Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, que se difunden por medio de distintas estrategias de comunicación del Inaip Yucatán.

Agregó que el órgano garante también trabaja en acciones constantes de capacitación y asesoría para que los sujetos obligados publiquen su información en tiempo y forma.

“Algunos toman esta puerta abierta y han tenido una valoración mejor, en relación a la calificación de los años anteriores. Particularmente hemos trabajado con aquellos que hoy están arriba de 90 puntos, porque están interesados en el tema del cumplimiento de la Ley”, finalizó.