CONTINÚA ECOCIDIO EN YUCATÁN, INVOLUCRADO EL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE

Ante inacción de la PROFEPA, continúan destruyendo el mangle con total impunidad.

A cuatros años de continuo exterminio del mangle en una de las reservas ecológicas más importantes del país, la Reserva Ría Lagartos, ubicada en el oriente del estado de Yucatán, su fauna y ecosistema agoniza ante las órdenes del Síndico del Ayuntamiento del municipio de San Felipe, Felipe Marrufo López y la Alcaldesa Juana Baltazar Santos, de extraer el mangle en otros puntos del puerto.

Es tal la impunidad que ha generado la aparente decisión de no intervenir de la PROFEPA que ha motivado a que el puerto vecino de Rio Lagartos incurra también en destrucción del mangle, la autoridad correspondiente no han realizado acción alguna ante las constantes denuncias realizada por los pobladores de estos puertos del oriente quienes ante la pandemia manifiestan han realizado diversas llamadas al 800 PROFEPA de las cuales no han obtenido respuesta.

Cabe destacar que esta destrucción de la naturaleza en el puerto de San Felipe cuenta con varias denuncias como la realizada en el 2018 por la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores Agrarios) ante la PGR,  en el 2019 la Diputada federal Cecilia Patrón Laviada, denunció ante la PROFEPA a los responsables por el atentado contra el medio ambiente y equilibro ambiental en áreas que corresponden a la Reserva Ecológica obteniendo ambos casos nula respuesta por parte de la autoridades.

Este magno ecocidio inició en el municipio de San Felipe en el 2018 con el exterminio en el brazo de agua conocido como “Oca de Alesh” al quitar con maquinaria pesada el mangle, rellenando esa zona con material para hacer calles y lotificar terrenos, dejando morir y sin hábitat a cientos de especies que ahí desovaban y anidaban, ahora continúan en otros puntos de ese puerto e incluso municipios aledaños como Rio Lagartos se han sumado a esta destrucción de la naturaleza ante la protección obtenida por el presumible contubernio de los titulares de la dependencia federal para proteger a los destructores y no el hábitat de la flora y fauna.

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