La infraestructura hidroagrícola, esencial para alcanzar objetivos fundamentales en materia de seguridad alimentaria y derechos humanos de poblaciones rurales.
Mérida, Yucatán 24 de abril 2020.- Con el fin de contribuir a que los usuarios del sector hidroagrícola preserven y mejoren la infraestructura hidráulica, y con ello optimicen e incrementen su producción, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció nuevas reglas de operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (S217).
Los nuevos estatutos, publicados ya en el Diario Oficial de la Federación, establecen acciones dirigidas a mejorar y preservar la infraestructura hidroagrícola mediante el financiamiento público, realizado en coordinación con los usuarios de los distritos y unidades de riego, así como con los de los distritos de temporal tecnificado, dando una atención particular a los productores agrícolas, cuyas parcelas, estando dentro de estas áreas, pertenecen a Zonas de Atención Prioritaria.
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola está integrado por tres subprogramas dirigidos a la rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de riego, distritos de temporal tecnificado y unidades de riego, así como un subprograma para apoyos especiales y estratégicos.
De acuerdo con las reglas, los apoyos económicos destinados a los distritos de riego se podrán aplicar en acciones para rehabilitar o tecnificar infraestructura hidroagrícola, relocalizar y reponer pozos, controlar maleza acuática en presas, canales y cuerpos de agua, instalar drenaje superficial o subterráneo, tecnificar sistemas colectivos de riego, sustituir fuentes de energía convencional por renovables, adquirir maquinaria y herramienta agrícola e instalar o modernizar sistemas de medición volumétrica, entre otras alternativas de conservación, modernización y mejora.
El financiamiento para distritos de temporal tecnificado podrá dirigirse para obras de riego suplementario; adquirir e instalar equipo de medición y automatización en plantas de bombeo, pozos profundos, tomas directas y obras de derivación; construir y equipar casetas de control y protección para las obras señaladas, así como para proyectos ejecutivos y acciones de supervisión.
Para unidades de riego se contempla el financiamiento público de proyectos ejecutivos y estudios para la construcción de infraestructura hidroagrícola, y acciones de supervisión, rehabilitación y tecnificación de infraestructura hidroagrícola y de riego; adquisición de maquinaria y equipo para su conservación y operación; acciones de control de maleza acuática; asesoría o acompañamiento técnico para proyectos en zonas de atención prioritaria, así como estrategias que mejoren la organización y fortalecimiento de unidades de riego.
Asimismo, en las reglas de operación se incluye un componente de apoyos especiales y estratégicos cuya meta es contrarrestar eventos y circunstancias que pudieran afectar la infraestructura hidroagrícola, poner en riesgo a la población o generar pérdidas materiales, alterar el orden social o económico así como limitar los servicios de riego y drenaje.
De manera especial, en las reglas de operación se estipula que se deberá establecer una coordinación interinstitucional entre la Conagua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el fin de evitar duplicidad de apoyos.
Lo anterior, bajo el principio de que la infraestructura hidroagrícola es esencial para alcanzar los objetivos nacionales en materia de seguridad alimentaria, derechos humanos, igualdad de género, agua para las poblaciones rurales y para fomentar el arraigo al campo, así como el acceso a las comunidades y a la infraestructura en el medio rural.
Finalmente, para garantizar la integridad de los proyectos, en las reglas de operación también se formalizan los criterios para establecer la conclusión de los proyectos, elementos de auditoría, control y seguimiento, recursos de evaluación, internos y externos, así como acciones de transparencia. De este modo, se garantiza que se actuará bajo los principios de transparencia y cero corrupción que han sido establecidos de manera particular por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
