Con nueva Ley de Archivos se pretende respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información: Dip. Manuel Díaz Suárez

Mérida, Yucatán, a 4 de diciembre de 2019.- El Dip. Manuel Díaz Suárez presentó la iniciativa de Ley de Archivos para el Estado de Yucatán que tiene como objetivo garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos, con la finalidad de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental del estado, con lo cual se promueve también el derecho a la cultura.

El nuevo ordenamiento abrogaría la Ley del Sistema Estatal de Archivos de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el 22 de Agosto de 1986.

En su intervención, el legislador panista señaló que el derecho para acceder a la información se reconoce ampliamente como una condición necesaria para el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia en nuestro país.

— Tu derecho de acceso a la información comprende el libre acceso a información plural y oportuna, a poder solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información —manifestó el Dip. Díaz Suárez–. Por lo que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de cualquier autoridad es pública y accesible a cualquier persona en los términos y con las limitaciones establecidas en la ley.

Recordó que la Organización de la Naciones Unidas proclamo el 28 de septiembre el Día internacional del Derecho al acceso a la información

Asimismo, indicó que según el artículo 6o. constitucional, todas las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, se encuentran obligadas a respetar los siguientes principios: Toda información es pública, por lo que al momento que atiendan tu solicitud deben procurar la máxima publicidad de la información; toda persona tiene acceso a la información, por lo que no pueden negar tu solicitud por motivo alguno; todas las autoridades deben registrar y documentar sus actuaciones o el ejercicio de sus funciones, a las cuales podrás acceder al momento de realizar tu solicitud; las autoridades deben proteger y cuidar la información de tu vida privada y datos personales, entre otras.

—Por todo lo mencionado, está más que claro que este derecho no puede ser ejercido ni garantizado sin la adecuada gestión documental y conservación de archivos —dijo—. El derecho a la verdad y a la memoria, elemento indiscutible en toda democracia, es impensable sin la conservación de los archivos, donde precisamente son reflejados el ejercicio de facultades, competencias y funciones de cualquier tipo de autoridad.

—Los archivos constituyen fieles testimonios de las actividades, facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados y son la expresión de la evolución cultural de las sociedades, pero, sobre todo, son el medio a través del cual se fortalece la rendición de cuentas.

El legislador panista recordó que el 15 de junio de 2018 se publicó la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación, y según el artículo primero transitorio, los estados tendrán un plazo de un año a partir de su publicación, para armonizar su legislación.

—La Ley General de Archivos constituye la última piedra angular en el andamiaje jurídico normativo, que mandata la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, que habrá de regir, en lo que corresponde a su materia, la rendición de cuentas en México —subrayó.

Indicó que los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público y no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, además de que constituirá un delito sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar un documento sin causa justificada.

En Yucatán, prosiguió, es necesario contemplar la creación del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Yucatán, cuyo objeto será la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados.

—El Consejo Estatal de Archivos del Estado de Yucatán será el órgano regulador del Sistema Estatal de Archivos y se define como un órgano de coordinación plural y convergente, cuya integración contempla, además de las instituciones gubernamentales, a los archivos privados, instituciones de docencia en la materia, asociaciones archivísticas y organizaciones de la sociedad civil —concluyó.