Candidatos a ser Fiscal General contestarán preguntas de la sociedad
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Mérida, Yucatán, 25 de octubre de 2018.- Un total de 115 preguntas y dos señalamientos fueron recabados por el micrositio destinado para recibir los comentarios referentes a la elección del Fiscal General del Estado, en la cual participaron cámaras empresariales, instituciones educativas, colegios de abogados y la sociedad en general.
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes conocieron la relación de estos cuestionamientos, al igual que aprobaron por unanimidad el calendario de comparecencias de los tres candidatos al cargo, que se presentarán en el orden como fueron colocados en el oficio enviado por el Ejecutivo estatal.
Previamente, en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron que algunas iniciativas sean desechadas, otras distribuidas y unas más, seguirán su proceso legislativo, para desahogar los trámites en este cuerpo colegiado.
Sobre el Fiscal General, el presidente de la comisión de Justicia, Luis Borjas Romero (PRI) informó que los aspirantes deberán acudir el próximo lunes 29 de octubre del año en curso, de la siguiente manera: Roberto Gutiérrez Crespo a las 9 de la mañana, José Puc Maldonado a las 11 de la mañana y Wilberth Cetina Arjona a las 13 horas; quienes serán notificados para ello, por la Secretaría General, mediante un oficio que también integrará las preguntas.
En el momento de las comparecencias, los candidatos a ser Fiscal General tendrán un máximo de 30 minutos de exposición, para responder los cuestionamientos de los sectores sociales, después los diputados integrantes del cuerpo colegiado intervendrán hasta por 3 minutos cada uno y el aspirante tendrá 20 minutos para la contestación, tiempo que podrá prorrogarse, si así lo requiere el aspirante.
Cuando finalicen las comparecencias de la terna, los miembros de la comisión utilizarán un receso para deliberar y preparar el proyecto de dictamen sobre el asunto, que será discutido y votado momentos después.
Para todo este proceso, se invitará a representantes de las cámaras empresariales, de las instituciones de educación superior y de los colegios de abogados, para ser testigos en el Congreso del Estado; al igual que la sesión de la comisión se transmitirá vía página de internet y en las redes sociales de esta Soberanía, para la sociedad en general.
En la comisión de Puntos Constitucionales, la presidenta, Karla Franco Blanco (PRI) informó que las seis iniciativas retiradas son bajo la premisa de salvaguardar, en todo momento, los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia, con el fin de abatir en lo posible, el rezago existente en diversos asuntos, que por distintas circunstancias no fueron resueltos en tiempo y forma por la anterior Legislatura.
Agregó que las iniciativas desechadas son tres que pretendían reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo; otra para reformar la Constitución del Estado y el Código de Familia estatal; una más para constituir la Comisión de la Verdad y la Justicia Social; así como una para crear la Ley de Útiles Escolares Gratuitos.
Sobre el tema, Miguel Candila Noh (Morena) indicó que se debería tomar más tiempo para analizarlas, a lo que Franco Blanco contestó que todas las iniciativas pendientes habían sido distribuidas a todos los diputados integrantes desde el pasado viernes 19 de octubre, comentario respaldado por los diputados Felipe Cervera Hernández (PRI) y Rosa Díaz Lizama (PAN).
En la comisión, también se distribuyó a sus integrantes la iniciativa para reformar la Constitución estatal y la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular, presentada por Movimiento Ciudadano; así como otra, también para reformar la Constitución estatal, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Código de la Administración Pública (CAPY), en materia de paridad de Género, presentada por las diputadas del PAN.
Además, las iniciativas para modificar la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, una del Ejecutivo estatal y otra de la legisladora Rosa Díaz Lizama, así como dos para modificar el CAPY, una presentada por el Gobernador del Estado y otra por la fracción el PAN de la pasada Legislatura; por último, una más para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular, también del PAN.
