Cae ‘El Tucán’, Zeta ligado a desapariciones
Junto a otros integrantes de Los Zeta, ‘El Tucán’ es culpable de secuestrar a siete personas, llevarlos al Cereso de Piedras Negras y ahí, asesinarlos e incinerarlos
La Fiscalía General del Estado de Coahuila, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Vélez Bertaud, alias ‘El Tucán’, identificado como uno de los responsables de la desaparición de personas en la región fronteriza del estado, además de torturar, asesinar y desaparecer en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras.
La dependencia estatal notificó el auto de formal prisión a ‘El Tucán’ en el Centro de reinserción Social Federal número 14 de Gómez Palacio, Durango, donde se encuentra recluido.
Fue detenido en Saltillo, en 2013, por el delito de desaparición forzada de personas, previsto y sancionado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Persona, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Se tiene la certeza de que dicha persona participó, junto a más miembros del grupo delictivo de los Zetas en calidad de coautor material, quien en compañía de David Alejandro (N) alias ‘El Nano’ o ‘El Enano’ , Santiago ‘N’ alias ‘El Moco’ , ‘Charmin’, ‘E.T.’, ‘La Cucha’ y ‘El Malandro’, participaron en la privación ilegal de la libertad de 7 personas en el municipio de Piedras Negras
En fecha 18 de diciembre del 2011, a quienes posteriormente trasladaron al interior del Centro de Reinserción Social Varonil del municipio de Piedras Negras, para ser privadas de la vida y posteriormente procedieron a la destrucción de los cadáveres por medio de la incineración, depositando los restos en el río San Rodrigo a la altura del ejido El Moral en la Carretera Piedras Negras-Acuña», indica un comunicado emitido por la Fiscalía
Tras entrevistarse con varias víctimas el Ministerio Público, determinó el modus operandi de los Zetas en las regiones norte y cinco manantiales, que operaron en marzo del 2010 a diciembre del 2011.
La desaparición forzada en Coahuila tiene una penalidad de 50 años de prisión, finalmente la dependencia estatal refrendó su compromiso de esclarecer la verdad histórica de los hechos y dar seguridad jurídica a las víctimas.
chg
