BLINDAMOS A YUCATÁN, GARANTIZAMOS LA TRANSPARENCIA: CELIA RIVAS
“El Poder Legislativo ha cumplido, los diputados hemos cumplido, ahora le corresponde a las instituciones y a la sociedad cumplir con su parte»:CRR
Mérida, Yucatán, lunes 25 de abril de 2016.- Con las iniciativas aprobadas en el Congreso del Estado hemos dado un paso firme, coherente y necesario para que sigamos como uno de los estados más seguros del país, afirmó la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Celia Rivas Rodríguez tras la aprobación de las últimas iniciativas del programa Escudo Yucatán.
Al detallar las leyes que fueron aprobadas en el seno del Legislativo, destacó que entre otras novedades ahora se contará con un Registro Estatal de Víctimas, incluyendo un Programa Especial de Atención para ellas, además de un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación; se establecieron delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se reclasificó el abuso sexual y se fortalecieron sanciones en materia de robo calificado y falsedad de declaraciones.
Rivas Rodríguez recalcó que se blindó la información que se tiene en las bases y registros informáticos, además de que se da certeza en el proceso de acreditación de los integrantes de las fuerzas policiales o de las instituciones de seguridad pública. Además,se estableció que todos los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, sean perseguidos de oficio.
“Nuestra obligación y compromiso como representantes de los yucatecos, es hacer todo lo necesario para fortalecer de manera continua el marco legal; lo hemos hecho participando directamente con la implementación del programa Escudo, una estrategia para la seguridad de todos”, compartió.
Además resaltó el trabajo desarrollado para la creación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se establecen los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el acceso a la información.
Un marco legal que implementa los mecanismos que dispone la Ley General, ofreciendo a la ciudadanía un mayor control social sobre las acciones y decisiones de las autoridades, incluyendo a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o bien, realice actos de autoridad.
“El Poder Legislativo ha cumplido, los diputados hemos cumplido, ahora le corresponde a las instituciones y a la sociedad cumplir con su parte”, finalizó.
