Ayuntamiento de Mérida sigue con una gran deuda judicial con la empresa AB&C Leasing, tienen cero planes estratégicos para finiquitar este problema que creció hasta ser impagable: Fabiola Loeza

Hace unos días, diversos medios informativos impresos y digitales dieron cuenta de que el Ayuntamiento de Mérida aprobó un punto de acuerdo para solicitar “asesoría” a esta legislatura.

Dicha asesoría, según las notas periodísticas de quienes cubren la fuente municipal, expresan que la administración no sabe de qué manera habrá de cubrir el saldo de un adeudo heredado por los pasados gobiernos del municipio de Mérida.

Para quienes no recuerdan, ese adeudo surge de dos malas estrategias, la primera, realizar una sustitución inadecuada e ineficaz del alumbrado y, la segunda, una cancelación contractual que dio pie a una demanda ante un juzgado mercantil.

Los antecedentes periodísticos y legales dicen que esta problemática proviene del año 2013.

Ya en el año 2015, el municipio de Mérida y la ciudadanía tenían una deuda de más de 200 millones de pesos.

En el año 2017 este caso llegó a la Corte, la cual desestimó los amparos municipales, ratificando la millonaria sentencia y sus actualizaciones, por lo que la actual deuda supera por mucho los 200 millones originales.

Hoy, a poco más de 11 años, el ayuntamiento pide asesoría para ver qué opciones tiene para cumplir con la sentencia dictada ante la terminación anticipada con la empresa AB&C Leasing.

Por otro lado, en las iniciativas de leyes de ingresos del municipio, en los últimos 3 años se ha hablado de finanzas sanas y casi cero riesgos financieros.

Precisamente, ese único riesgo financiero que se ha venido arrastrando son los pagos al acreedor del ayuntamiento de Mérida.

Es decir, el adeudo de Mérida se ha previsto en pagos bajo conceptos de pasivos a corto plazo, los cuales desde que se condenó al ayuntamiento van arriba de 300 mil pesos. Lo anterior, ha sido previsto en las iniciativas correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y del año 2023.

A la fecha, el adeudo reclamado por el Banco Santander; ya llegó a los límites de los procesos judiciales y se encuentra en ejecución.

En el tema en cuestión, y a falta de conocer todos los detalles, se ha publicado en no pocos medios informativos, que se debe pagar el saldo en una sola exhibición.

Sin embargo, ese pago de más de 200 millones representa potencialmente que los servicios de Mérida entren en problemas, dígase recoja de basura, mantenimiento de parques, calles, etc.

Ahora bien, es cierto que la legislatura puede fungir como auxiliar en el cumplimiento de resoluciones, pero no puede aprobar o destinar recursos extraordinarios para solventar sentencias que ordenan pagos a las autoridades municipales.

Como integrante de la comisión permanente de presupuesto, patrimonio estatal y municipal, puedo decir que ese criterio se ha seguido en los diversos casos de pagos de laudos y demandas laborales.

Lo anterior, se contempla en el artículo 117 de la Constitución General, la cual dice que los Estados y los Municipios no pueden contratar obligaciones o empréstitos sino solo cuando se destinen a inversiones públicas productivas.

Como se ve, estamos impedidos para aprobar recursos destinados al cumplimiento de resoluciones judiciales.

Esto, debe preocupar a las y los meridanos, y más aún a las y los legisladores; principalmente a quienes formamos parte de la comisión mencionada.

Hoy el municipio de Mérida afronta el riesgo de comprometer los servicios públicos de la ciudadanía; han sido más de 11 años en los cuales no han podido resolver esta problemática.

Vale la pena recordar que el año pasado, el propio alcalde suplente de Mérida, expresó que solicitar asesoría al Congreso era inviable, ya que la legislatura NO puede intervenir en temas presupuestales internos del municipio.

Tiene razón, esto es un tema que incumbe a la autonomía fiscal y hacendaria municipal solamente.

Ahora se acude al Congreso, pero la ley nos imposibilita para aprobar recursos extraordinarios; la deuda debe pagarse con los recursos propios del ayuntamiento.

El tema referido, no escapa de la arena política; se ha dejado avanzar tanto esta problemática que pareciera que se quiere “patear la lata como coloquialmente se dice”.

Insisto, como integrante de la comisión de presupuesto, hago un llamado respetuoso a las partes involucradas en esta problemática para solventar las diferencias.

Están de por medio los servicios que a diario se prestan a poco más de un millón de personas en este municipio.

La autoridad municipal debe, dentro de su competencia, poner en práctica la austeridad republicana, pero SIN AFECTAR A LA CIUDADANÍA, de qué sirve la tan mencionada bonanza en el municipio de Mérida si hoy, se tienen cero planes estratégicos para finiquitar este problema que creció hasta ser impagable.

Sin perjuicio de presentar formalmente mis observaciones y comentarios en la comisión, hago votos para que la ciudadanía meridana no sea la pague los platos rotos de esta problemática judicial a la que habremos de avocarnos en las próximas semanas.

 

Agradezco su atención, es cuánto