En junio pasado, las autoridades estado unidenses se vieron envueltas en el escándalo porque los “cacharon” desarrollando una especie de centros penitenciarios para niños migrantes. Ahí, también fueron muy criticados porque separaban a los menores de edad de sus familias.
Es más, después de decenas de investigaciones, la opinión pública se enteró que estos niños migrantes enfrentaban completamente solos sus procesos de deportación frente a los juzgados y ni siquiera tenían derecho a un abogado.
A pesar de que las autoridades de la administración de Donald Trump prometieron que estas prácticas se terminarían, la historia de Helen sacó la verdad a la luz y es peor de lo que parecía.
Ya habíamos dicho que tenía 5 años, pero nos falta mucho qué contar. Helen nació en Honduras y trató de llegar a Estados Unidos con su abuela (Noehmi) para reunirse con su madre (Jenny) en Texas y pedir asilo —una figura completamente legal— pues su familia corre riesgos en su país natal.
Además de Helen, Noehmi recorrió los miles de kilómetros llevando también a Christian, su hijo adolescente, que estaba siendo amenazado de muerte por las pandillas locales. En el camino vivieron los riesgos comunes de atravesar la frontera como casi ahogarse, sufrir violencia y encontrarse con más de un asalto.
Al llegar al Estado de la Estrella Solitaria, las autoridades separaron a los tres: Noehmi con los adultos, Christian a una celda de bebés y Helen a quién sabe dónde durante 3 meses. Las autoridades revisaron el papeleo y a las pocas horas liberaron a Noehmi y a Christian y los dejaron irse a casa de Jenny en lo que la corte alistaba sus audiencias para el asilo.
Después de recibir el sí en su petición de asilo y buscarla durante semanas para solamente recibir respuestas negativas, su familia encontró a Helen en un albergue infantil en Houston. Pero cuando la encontraron se toparon con problemas legales:
En Estados Unidos existe algo que se llama el Acuerdo Flores, que permite que los niños migrantes detenidos tengan reuniones con abogados antes de presentarse ante un juez y revisar su situación legal. Cuando la detuvieron y le pidieron llenar los formularios, Helen, que se le dificulta el inglés, tachó un cuadrito que decía “quiero un abogado, un juez y hacer uso del Acuerdo Flores”.
Días después, un oficial llegó con Helen a presentarle un diferente acuerdo legal. Según los policías, le explicaron perfectamente —¡a una niña de 5 años!— de lo que trataba. Al final, en una línea punteada dice: “Retiro mi petición para uso del Acuerdo Flores y a una audiencia”. Arriba de la línea, el nombre de Helen como lo escribiría alguien de su edad.
Una vez que renunció a sus derechos, Helen pasó meses viajando de Casa Hogar en Casa Hogar, pasando por uno que otro refugio. Es más, en una de las audiencias de su madre y su abuela para encontrarla, la jueza les dijo literal: “no sabemos dónde está”.
El 7 de septiembre, le dijeron a su familia que la habían encontrado y la liberarían, pero eso nunca sucedió. Ahí, cambió la estrategia: junto a una ONG y cientos de personas de su comunidad, la familia de Helen logró reunir más de 16 mil firmas para exigir su liberación. Y qué casualidad que con presión pública las cosas si funcionan. Por fin liberaron a Helen.
Ahora, Helen y su familia viven juntos en Texas y tienen su situación legal arreglada, pero su caso deja en la vista de todos la mala práctica de la administración Trump frente a los niños migrantes. A pesar de decir que ya no lo hacían, cada vez nos enteramos más de su forma de operar. “No solo lo siguen haciendo, lo hacen todavía más, pero esta vez es más malicioso porque lo hacen escondiéndose”, le decía a New Yorker la abogada de una ONG dedicada a detener esta situación.
*Con información de New Yorker
