Aprueba senado dos de las siete leyes anticorrupción
Los senadores aprobaron la obligación de que todos los funcionarios presenten 3 declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de intereses
CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 15, 2016.- El pleno del Senado de la República aprobó dos de las siete leyes que integran el paquete de reformas secundarias en materia anticorrupción.
El debate se centró en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares, aprobada con 94 votos a favor y 23 en contra. Esta ley contiene la iniciativa ciudadana conocida como Ley «3 de 3».
Y de acuerdo con esa propuesta, los senadores aprobaron la obligación de que todos los funcionarios presenten 3 declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de intereses.
A propuesta del PRI y el PVEM, así como del senador independiente Manuel Cárdenas, la nueva ley establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
PAN y PRD conformaron un bloque para rechazar esta redacción, pero perdieron la votación al momento de hacer su reserva. Fueron 51 votos a favor 59 en contra y 1 abstención.
Cuando votaron, estaban ausentes del pleno algunos legisladores panistas y perredistas como Jorge Luis Preciado, Héctor Larios, José María Martínez y Adriana Dávila.
Tampoco estaban algunos perredistas como Luz María Beristáin, Benjamín Robles y Alejandra Roldan.
Del PT, no emitieron su voto Layda Sansores, Manuel Bartlett, Martha Palafox, Marco Antonio Blásquez, Carlos Manuel Merino y Hector Adrián Menchaca. Ana Gabriela Guevara votó en abstención.
Dolores Padierna, vicecoordinadora de senadores del PRD, dijo que «las declaraciones patrimoniales y fiscales sólo podrán ser públicas con la autorización expresa del servidor público, pues eso es no cambiar nada. El dictamen está plagado de fórmulas sesgadas, imprecisas y tramposas que se encaminan no sólo a que persista la corrupción, sino sobre todo a dejar entrar a su hermana la impunidad».
Por su parte, Lisbeth Hernández, senadora del PRI, señaló que «todo servidor público estará obligado a rendir la declaración patrimonial y la declaración de intereses, para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento, las cuales estarán disponibles al público, así como la declaración anual de impuestos, con excepción de datos personales sensibles, conforme a la ley de la materia».
Marcela Torres, senadora del PAN, consideró que «ante la ambigüedad de la propuesta de redacción PRI-Verde, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien termine decidiendo, tras años de litigio, que es público del patrimonio de un funcionario y qué no».
Los servidores públicos que recaben las declaraciones patrimoniales de los funcionarios tendrán obligación de resguardar esa información de acuerdo con lo que establecen las leyes.
También estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios.
Por otra parte, el pleno del Senado aprobó también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que contempla la creación de un Comité Coordinador de este Sistema en el que estarán representadas todas las instituciones que se dedicarán a combatir la corrupción.
Las dos leyes aprobadas se enviaron de inmediato a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Hoy, el pleno del Senado discutirá tres leyes más, entre ellas, la creación de la Fiscalía Anticorrupción y los nuevos tipos penales para los delitos de corrupción, que contemplan sancionar hasta con 18 años y medio de cárcel a funcionarios que cometan delitos como enriquecimiento ilícito o cobren comisión para gestionar la asignación de recursos públicos, los llamados «moches».
MLV
