● Se afecta la atracción de inversión en el país y se golpea la economía de las familias mexicanas.
● “Las afectaciones a la inversión, al empleo, al medio ambiente, las tarifas y por ende la economía de las familias dibujan una ruta por la que nadie quisiera avanzar, excepto el Presidente” Denuncian los Diputados Cecilia Patrón y Elías Lixa.
El dictamen que reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobado ya en la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, en respuesta a la iniciativa del 29 de enero con carácter de preferente por parte del Presidente, pretende modificar el mecanismo que regula las centrales eléctricas y favorece la colocación y comercialización de la energía generada en plantas de la CFE.
La reforma solicitada también se antepone al desarrollo de energías limpias y la posibilidad de revocar permisos de autoabastecimiento.
Estas reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo federal, en efecto, empoderan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Favorecer de esa manera a una empresa, cualquiera que sea, no sólo atenta contra la competencia económica y la economía de las familias con tarifas más altas, sino también pretende regresarnos al pasado, al revivir el proceso de generación de electricidad mediante procesos altamente contaminantes que ya se estaban erradicando, como la quema de combustóleo” denunciaron los legisladores Cecilia Patrón y Elias Lixa.
En el mundo ya se avanza hacia una política energética libre de la contaminación tradicional. En países como el Reino Unido ya está asentado que a partir de 2030 se prohibirá la venta de automóviles que funcionan a gasolina. Así también, en Yucatán y muchas otras zonas de México, de un tiempo para acá la producción de electricidad mediante el aprovechamiento de la energía eólica se ha convertido en una realidad, reduciendo tarifas para las familias y empresas mexicanas, y atrayendo inversión privada para aprovechar las condiciones geográficas que permiten su generación.
Empero, acotó Cecilia Patrón, estas inversiones han sido afectadas enormemente durante esta administración con distintas pifias legales que la Suprema Corte ha terminado dejando sin efectos.
Ambos legisladores yucatecos, indicaron que en Acción Nacional se trabaja para proteger el orden constitucional y convencional del país y rechazan el llamado del Presidente a aprobar la reforma en los términos que se plantea, pues traerá como consecuencia una mayor proporción de energía más contaminante y más costosa en el país, además de atentar contra la competencia económica y propicia un duro golpe a la economía de las familias con tarifas más elevadas.
“Ya lo habíamos dicho y hoy lo reiteramos: se trata de una reforma inconstitucional y contraria a diversos tratados internacionales, por lo cual no sólo rechazamos el llamado a aprobarla, sino que además, de aprobarse, acudiremos a la Suprema Corte para hacer justicia en favor de las familias y el medio ambiente” agregaron.
La legisladora yucateca señaló que la realidad es que nos quieren hacer ver como justificación un problema que ellos mismos crearon. En México nunca se habían presentado apagones en más de la mitad del país como ha sucedido en las últimas semanas, han sido los errores de administración y manejo por parte del gobierno y la comisión en el sector.
El diputado Lixa remató con que las y los diputados de Acción Nacional trabajan del lado de México y sus familias, en favor del medio ambiente y de la protección de la economía de las familias yucatecas y mexicanas.
“En el GPPAN seguiremos trabajando por un México con energías limpias, desarrollo económico, Estado de Derecho y sobre todo cuidando la economía de las familias mexicanas”.
Señaló que en Yucatán hay plantas de generación de energía eléctrica que no funcionan y con la reforma se prioriza el uso de combustibles fósiles, con una eficiencia menor, un costo mayor y contaminación.
Los diputados indicaron que como ha sucedido con otras iniciativas emitidas por el gobierno federal, se apuesta por el retroceso en temas en los que México ya había avanzado mucho.
Aunado señalaron que la reforma también atenta contra la certeza jurídica, el crecimiento económico y el bien común, en beneficio de una empresa estatal, por encima del interés común y social.
