EL DERECHO A LA SALUD NO PUEDE DEPENDER DE TENER UN EMPLEO FORMAL: GASPAR QUINTAL
– El legislador priista aseguró que la efectividad del derecho a brindar servicios de calidad se comprueba cuando hay personal, consultas, medicamentos y capacidad de respuesta inmediata.
MÉRIDA, YUCATÁN, 27 DE OCTUBRE DE 2026.- Las cifras recientes sobre informalidad laboral y falta de acceso a instituciones de salud por medio del empleo, que dio a conocer el INEGI, muestran otra afectación directa al derecho humano a la salud en el estado, advirtió el diputado local y presidente del PRI Yucatán, Gaspar Quintal Parra.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, durante el segundo trimestre de 2026 había 742,566 personas en la informalidad laboral, que representa el 59.1 por ciento de la población ocupada.
El informe señala además, que 805,484 trabajadores no tenían acceso a instituciones de salud mediante su empleo.
“Detrás de cada cifra hay una persona que trabaja y una familia que necesita atención. El derecho a la salud no puede depender de contar con un empleo formal. El Estado tiene la obligación de asegurar que cualquier yucateca o yucateco pueda recibir atención oportuna, medicamentos y seguimiento médico cuando los necesite”, expresó Quintal Parra.
El legislador señaló que la falta de protección vinculada al trabajo aumenta la importancia de contar con servicios públicos capaces de atender a toda la población.
Precisó que no tener acceso por medio del empleo no equivale, por sí solo, a carecer de toda atención médica, pero sí obliga a preguntar si las alternativas disponibles funcionan de manera efectiva.
“No basta con decir que existe una institución a la cual acudir. La efectividad del derecho se comprueba cuando hay personal, consultas, medicamentos y capacidad de respuesta; cuando una familia puede acceder al servicio sin que la distancia, la espera o el costo se conviertan en barreras”, sostuvo.
Quintal Parra pidió a las autoridades federales y estatales publicar información verificable sobre población atendida, tiempos de espera, cobertura de personal, abasto de medicamentos y funcionamiento de los servicios en los municipios, con el fin de identificar brechas y corregirlas.
“La informalidad laboral y las dificultades de acceso a la atención deben examinarse juntas. Si más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, la respuesta pública de salud debe estar a la altura de esa realidad. Medir el derecho a la salud por el número de instituciones existentes, sin comprobar si la gente recibe atención, deja fuera lo esencial: su efectividad”, concluyó.
La exigencia, señaló, es que el acceso a la salud se evalúe con resultados concretos para las familias yucatecas, conforme a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad establecidos para este derecho humano.
